Así lo afirmó el defensor del pueblo de la provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, el cual expresó que la reforma intentada, de plano, es abiertamente ilegal, resaltando que se pretende hacer de espaldas a la gente.
Por un lado, destacó, se han incumplido elementales normas constitucionales y acuerdos internacionales que aseguran la participación y consulta ciudadana en los procesos que afectan al ambiente.
La Audiencia Pública debería haber sido realizada antes que el Senado diera media sanción a la ley momento en el cual, al parecer, se percataron que la reforma sería anulable de no realizarse una Audiencia Pública, conforme a la Ley Nacional General del Ambiente Nº25.675, entonces, entre gallos y media noche convocaron a algo que quisieron darle el formato de Audiencia Pública, considerándola como un simple trámite burocrático y lo más grave “burlándose de todos los Argentinos, habiendo acomodado a expositores que con todo respeto, no comprenden la seriedad que posee este acto institucional y por ello las formas y expresiones deben siempre ser altamente responsables”.
La cuestión se tornó compleja para las Comisiones de Recursos Naturales, Defensa del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, desde el momento en que se batió el récord mundial de inscriptos en una Audiencia Pública, más de 102.000.
Fue entonces donde surgió la idea de dejar exponer a unos pocos, no más de 400 y dejar la plataforma abierta de Youtube a todos aquellos que quisieran expresar su opinión sobre la iniciativa legal, cosa que es inconcebible, pues se afectó irreparablemente la transparencia en el proceso de consulta ya que, sin criterio, fueron elegidos algunos expositores sobre otros, cercenándose el derecho de ser oídos a miles, como en el caso de la representación de la Defensoría del Pueblo de Formosa la cual, en ejercicio de la defensa de los derechos colectivos e intereses difusos de los habitantes de la provincia, se inscribió debidamente, pero nunca permitieron el acceso del Organismo de la Constitución al acto de Audiencia.
Tales irregularidades, traerán como consecuencia que la reforma no pueda ser efectivamente aplicada, pues la realización de Audiencia Pública válida es un presupuesto de la misma. Es por ello que plantearon que las Comisiones de la Cámara de Diputados que intervienen en el proceso de conformación de la iniciativa legislativa, “dejen sin efecto lo actuado hasta el momento declarando la nulidad y llamen a una nueva Audiencia Pública, que asegure la participación de los inscriptos, de lo contrario la Ley a ser sancionada será inconstitucional y no vamos a vacilar al momento de acudir a la Justicia para que así lo declare”.
Luego agregaron, “lo advertimos en la Reforma Laboral, hay elementales principios de justicia que la Constitución Nacional ha fijado, para proteger los derechos de los argentinos, no se puede so pretexto de impulsar el desarrollo, atropellar los derechos de los trabajadores, pues eso es cualquier cosa menos un progreso. Como tampoco se puede, vaya a saber Dios porqué espurios intereses, dejar que las grandes mineras se lleven la riqueza de nuestro país, oro, cobre, plata, litio a cambio de un margen mínimo de beneficios, sumando de manera insignificante al mercado laboral y, y fundamentalmente, dejando como herencia a las generaciones futuras un pasivo ambiental que implicará la perdida de las reservas de agua dulce estratégicas para nuestro país, que incide sobre la provisión de agua potable de más de 10 millones de argentinos que, al afectarse las zonas periglaciares y consecuentemente glaciares, entrarán en déficit hídrico como sucede actualmente en Chile”.
Para dentro de cuatro años el 40 %, finalizó diciendo, “el mundo atravesará una enorme carencia hídrica y debemos preguntarnos ¿Qué postura tomaremos en la defensa de un bien que, en otras latitudes, es más preciado que el oro y que no es otro que el agua dulce?. Seguramente que la postura de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa y otros inscritos debidamente en tiempo y forma, no les conviene que expongamos, para dejar al descubierto la regresividad ambiental e inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares”.