Eso se publicó a través de una página denominada “Azules por Siempre” perteneciente a una Asociación Civil sin Fines de Lucro.
“Azules por Siempre” es una agrupación de personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y fuerzas de seguridad que lucha por derechos laborales, mejoras salariales, cobertura médica y reconocimiento para el personal activo y retirado.
Además utilizan redes sociales para visibilizar sus denuncias y realizar comunicados.
Estos comentaron que, habiéndose recibido, desde la provincia de Jujuy una denuncia anónima proveniente de personal policial, y considerando la gravedad de los hechos descriptos, proceden a dar publicidad a la misma en defensa de la transparencia institucional y del derecho a expresión de los efectivos.
Además manifestándose que la presente comunicación se realiza desde el anonimato como mecanismo de resguardo frente a eventuales represalias.
Ahí se expone textualmente lo siguiente:
“Desde el anonimato: La realidad que hoy atraviesa el personal, ha dejado de ser una dificultad operativa para convertirse en una crisis humanitaria y profesional. Alzamos nuestra voz de manera colectiva y desde el anonimato, no por falta de valor, sino como un mecanismo de defensa legítimo ante una gestión que ha institucionalizado la represalia y el hostigamiento como respuesta a cualquier intento de visibilizar la precariedad interna.
El núcleo de este malestar radica en una desigualdad sistémica que fractura la unidad de la fuerza. Resulta incomprensible y moralmente indefendible que, mientras recientes resoluciones otorgan adicionales de hasta un 70% a los cargos jerárquicos, el personal de calle; motoristas, choferes, infantería, canes y efectivos de comisaría, continúe sosteniendo el servicio bajo condiciones de indigencia administrativa. Esta brecha salarial no es solo un número; es un mensaje de desprecio hacia quienes enfrentan el riesgo real y las jornadas agotadoras en la primera línea de fuego.
Esta crisis de equidad se extiende a la gestión de los recursos más básicos. En las comisarías regionales, la operatividad depende directamente del bolsillo del efectivo: desde la provisión de papel, computadoras e impresoras, hasta el mantenimiento edilicio necesario para garantizar un entorno mínimamente digno. Es una paradoja dolorosa que la institución se sostenga sobre el sacrificio patrimonial de sus eslabones más expuestos, mientras la cúpula se distancia de la realidad territorial.
Sumado a la precariedad material, enfrentamos una irregularidad institucional en la gestión del capital humano. La falta de diálogo con las jefaturas ha dado paso a un sistema de privilegios y favoritismos, especialmente visible en áreas críticas y despacho, donde el otorgamiento de adicionales y francos se maneja bajo criterios arbitrarios. Mientras un sector minoritario accede a beneficios discrecionales por parte de la superioridad, la gran mayoría recibe negativas sin sustento técnico, enfrentando horarios abusivos que ignoran sistemáticamente el derecho al descanso y la conciliación familiar.
Los traslados y cambios de destino, lejos de responder a necesidades estratégicas, se han convertido en herramientas de castigo encubierto para silenciar reclamos legítimos y favorecer el amiguismo y lazos que se mantiene en la interna cuando la realidad siempre es un secreto a voces.
No buscamos la división ni la confrontación estéril. Nuestra exigencia se basa en un principio fundamental: la Policía es una unidad. No se puede cuidar a la sociedad si no se cuida a quien la protege”.