La prórroga de la Ley 5918 hace referencia a un proyecto legislativo en la Provincia de Jujuy que buscaba extender la emergencia del sector tabacalero.
La normativa original aprobada en 2016 por 10 años, permitía al Estado administrar el 20% de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).
El proyecto consiste en extender y modificar esta ley para que el Estado provincial continuara gestionando estos recursos. El rechazo de la Cámara del Tabaco de Jujuy y la Cooperativa de Tabacaleros rechazaron contundentemente la medida. Productores locales calificaron la intención como un «atropello» por disponer de fondos que consideran propios.
La discusión
El debate abierto por la posible prórroga de la Ley 5918 merece una discusión más profunda que una simple votación legislativa.
No se trata únicamente de una norma vinculada al tabaco ni de una diferencia coyuntural entre el Estado provincial y los productores.
Se trata de una pregunta institucional de fondo: ¿puede una ley de emergencia, dictada para atender una situación excepcional, renovarse después de diez años como si la emergencia fuera un modo permanente de administrar una actividad productiva?
La Ley 5918 nació en 2016 en un contexto específico: la emergencia del sector tabacalero jujeño.
Su finalidad estaba asociada al saneamiento económico-financiero de una actividad que atravesaba una situación crítica. Por eso fue concebida como una herramienta excepcional y con plazo determinado. No era una política ordinaria ni un régimen permanente. Era una respuesta frente a una crisis concreta.
Diez años después, pretender extender esa misma ley exige mucho más que voluntad política. Exige fundamentos claros, balances verificables y una explicación pública sobre qué ocurrió durante todo este período. ¿Se cumplió el saneamiento que justificó la emergencia? ¿Se rindieron cuentas de manera suficiente? ¿Se evaluó el impacto real sobre los productores? ¿Se consultó a las instituciones representativas del sector? ¿Qué razones objetivas justifican que una emergencia de 2016 deba seguir vigente en 2026?
La pregunta no es menor y debería interpelar directamente a la Cámara de Diputados de la provincia. Porque si una emergencia productiva puede prorrogarse casi automáticamente después de diez años, entonces se abre un precedente delicado para todos los sectores económicos de Jujuy. ¿Qué ocurriría mañana con la ganadería, con los cultivos regionales, con los pequeños productores, con la horticultura, con la caña de azúcar o con otras economías que también atravesaron sequías, crisis de precios, aumento de costos, endeudamiento y pérdida de rentabilidad? ¿También se las administraría durante una década bajo instrumentos excepcionales?
El sector tabacalero no reclama privilegios. Reclama previsibilidad, respeto institucional y participación en las decisiones que afectan recursos vinculados directamente a la producción. En ese marco debe leerse la posición expresada por la Cámara del Tabaco y los productores reunidos recientemente. La figura de Pedro Pascuttini aparece allí en su rol institucional, como parte de una representación sectorial que viene planteando la necesidad de discutir el futuro del tabaco desde la normalidad y no desde la emergencia permanente.
No es la primera vez que el tabaco jujeño debe ponerse en estado de alerta. Ya ocurrió en debates nacionales vinculados a la Ley del Tabaco, donde las provincias productoras debieron defender herramientas que sostienen a miles de familias y economías regionales frente a criterios muchas veces pensados lejos de la realidad del productor. Hoy la discusión vuelve a plantearse en el plano provincial, pero con una preocupación similar: quién decide sobre los recursos de la actividad, con qué fundamentos y con qué participación del sector involucrado.
El Fondo Especial del Tabaco no es una caja abstracta. Forma parte del funcionamiento económico de una cadena productiva que involucra inversión, trabajo rural, acopio, servicios, comercio, transporte y arraigo territorial. Cuando esos recursos se demoran, se condicionan o se administran bajo una lógica excepcional, el impacto no queda en los papeles: llega a la campaña, a las deudas, a los insumos, a los trabajadores y a las familias que dependen de la actividad.
Por eso, la posible prórroga de la Ley 5918 resulta extemporánea. No porque el sector tabacalero no tenga problemas, sino justamente porque los tiene y necesita respuestas actuales, no la prolongación de un instrumento nacido para otra etapa. Si existen nuevas dificultades, corresponde discutir una nueva política productiva, con diagnóstico actualizado, participación real, transparencia, reglas claras y objetivos medibles. Lo que no parece razonable es renovar una emergencia como si el paso del tiempo no obligara a revisar sus resultados.
La Legislatura tiene la responsabilidad de mirar más allá del expediente. Debe preguntarse si está resolviendo un problema o simplemente prorrogando una herramienta que ya cumplió su ciclo. También debe considerar el mensaje que envía al resto de los sectores productivos: si la excepcionalidad se vuelve costumbre, la previsibilidad desaparece.
Jujuy necesita políticas productivas estables, no emergencias eternas. Necesita acompañar al tabaco, a la ganadería, a los cultivos regionales y a todas sus economías con instrumentos modernos, transparentes y consensuados. La emergencia puede ser necesaria en una crisis. Pero cuando se extiende indefinidamente, deja de ser solución y empieza a convertirse en problema.
La pregunta que debería guiar el debate legislativo es simple: después de diez años, ¿corresponde renovar una emergencia o construir, de una vez, una política productiva seria para el sector tabacalero?