El Ministerio Público de la Acusación tomó intervención el día 1 de junio de 2026 en relación con una adolescente que fue trasladada por personal policial luego de un procedimiento realizado en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
De acuerdo con las actuaciones remitidas a la Fiscalía, la joven fue demorada junto a otra persona y, al momento de ser identificada por el personal policial, manifestó tener 18 años de edad, dato que fue inicialmente comunicado al Ministerio Público de la Acusación.
A horas 15:44, la Ayudante Fiscal Jimena Colliard Guerrero tomó conocimiento del procedimiento a través de la información remitida por personal policial. Posteriormente, a horas 16:25, se requirió la verificación de las actuaciones y de la situación de las personas demoradas.
Más tarde, a horas 21:19, al recibirse la documentación complementaria y efectuarse las verificaciones correspondientes, se constató que la joven tenía en realidad 17 años de edad.
Advertida dicha circunstancia, de manera inmediata se dispuso la aplicación de los protocolos correspondientes para personas menores de edad, requiriéndose su entrega a la progenitora, la realización del examen médico de rigor y la confección de las actuaciones pertinentes.
Asimismo, se puso en conocimiento de la situación al Fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, quien dispuso las medidas correspondientes respecto de la actuación policial desarrollada en el procedimiento.
De las constancias incorporadas surge que la adolescente fue examinada por el médico de Policía, quien certificó que se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, a horas 22:24, fue entregada a su madre conforme a las disposiciones judiciales vigentes.
Finalmente, se informa que hasta la fecha no se registra denuncia alguna formulada por la progenitora vinculada a los hechos que fueron difundidos públicamente en distintos ámbitos.
El Ministerio Público de la Acusación ratifica su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y recuerda la importancia de resguardar la identidad y los derechos de las personas menores de edad involucradas en cualquier actuación judicial o administrativa.