Con mensajes falsos que invocan al Gobierno argentino prometen ayudar a víctimas de robos, pero en realidad buscan quedarse con datos personales y tomar control de cuentas. La modalidad crece y expone fallas en prevención y educación digital.
En un contexto donde el robo de celulares sigue siendo uno de los delitos más frecuentes, una nueva modalidad de estafa comienza a expandirse con rapidez: delincuentes que se hacen pasar por organismos oficiales ofrecen “bloquear” el dispositivo sustraído, pero terminan concretando un fraude.
El mecanismo es tan simple como efectivo. A través de WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales, los estafadores contactan a la víctima haciéndose pasar por supuestos agentes del Estado o áreas técnicas vinculadas a telecomunicaciones. En muchos casos, mencionan al ENACOM o a inexistentes “oficinas de ciberseguridad” para dar credibilidad.
A partir de allí, solicitan datos sensibles: códigos de verificación que llegan por SMS, información personal, o incluso acceso remoto al teléfono. El resultado es inmediato: pérdida de control de cuentas, robo de identidad digital y, en muchos casos, estafas a familiares o contactos cercanos.
Lo preocupante no es solo la sofisticación del engaño, sino el contexto en el que ocurre. Muchas víctimas, desesperadas por recuperar o inutilizar su celular robado, bajan la guardia frente a estos mensajes que simulan una respuesta oficial rápida. Allí es donde el delito encuentra su oportunidad.
Este tipo de estafa pone en evidencia una zona gris que el Estado aún no logra cubrir: la falta de información clara, accesible y masiva sobre qué hacer ante el robo de un celular.
Si bien existen mecanismos formales —como el bloqueo de línea con la compañía telefónica y la inhabilitación del IMEI a través del ENACOM— lo cierto es que gran parte de la población los desconoce o no sabe cómo activarlos rápidamente.
Esa falta de información abre la puerta a los estafadores, que ocupan el lugar de una respuesta que el ciudadano no encuentra.
Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria:
¿hasta qué punto la responsabilidad es individual, y cuánto corresponde a una falla estructural en la comunicación y prevención estatal?
Porque mientras el delito se moderniza y aprovecha cada resquicio digital, la respuesta oficial parece llegar tarde, fragmentada o directamente ausente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La recomendación sigue siendo clara: ningún organismo oficial solicita códigos de verificación ni acceso a dispositivos. Pero también queda en evidencia que, en la era digital, la seguridad no puede depender únicamente de la desconfianza del usuario.
La prevención, en este escenario, debería ser una política activa y visible. Porque cuando el Estado no informa, alguien más ocupa ese lugar. Y en este caso, son los estafadores.