La diputada nacional María Inés Zigarán presentó un Proyecto de Declaración ante el alarmante aumento de femicidios en enero de 2026. El proyecto constituye un llamado ético y político al Poder Ejecutivo Nacional para que garantice el derecho fundamental a una vida libre de violencias.
La diputada nacional María Inés Zigarán presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, un Proyecto de Declaración expresando su profunda preocupación y pesar por las 24 víctimas de violencia de género registradas durante el mes de enero de 2026. Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por la organización La Casa del Encuentro.
De acuerdo al informe, en los primeros 31 días del año se produjeron 19 femicidios de mujeres y niñas, 1 transfemicidio y 4 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, 17 hijos e hijas quedaron sin madre, muchos de ellos menores de edad, lo que activa la urgente aplicación de la Ley 27.452 (Ley Brisa).
En el proyecto, la legisladora jujeña solicita que el Poder Ejecutivo Nacional, por un lado, arbitre los medios necesarios para redistribuir partidas presupuestarias destinadas a fortalecer los servicios de prevención, erradicación y asistencia de las violencias por razones de género, garantizando la plena operatividad de la Ley 26.485.
Y, por otro, solicita que se refuercen los mecanismos de recolección y difusión de datos estadísticos oficiales, asegurando transparencia y acceso a la información, ante el vacío informativo generado tras el cierre de la Agencia Nacional de Noticias Télam.
Zigarán advirtió que las cifras difundidas constituyen un posible subregistro, producto de las dificultades actuales para acceder a información pública sistematizada, y señaló que “no se puede naturalizar que en nuestro país ocurra un femicidio cada 31 horas mientras se reducen drásticamente los recursos destinados a la prevención”.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora subraya que el Presupuesto 2026 implica un recorte real cercano al 90% en las partidas destinadas a políticas de género y diversidad, lo que -según sostiene- compromete el cumplimiento de la Ley 26.485 y de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el Estado argentino, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.
“La violencia de género es una cuestión de Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir estas muertes evitables”, afirmó la diputada nacional María Inés Zigarán.