El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que, como resultado de una rápida investigación que contó con la participación de organismos provinciales, nacionales e internacionales, se logró recuperar en Bolivia tres vehículos de alta gama que habían sido denunciados como robados.
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) estuvo a cargo del fiscal Alberto Mendivil, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11, con asiento en la ciudad de La Quiaca.
Las actuaciones se iniciaron el pasado jueves 5 de marzo cuando, alrededor de las 23 horas, los damnificados radicaron la denuncia por la sustracción de tres vehículos: dos camionetas Ford Ranger y una Toyota SW4. Los denunciantes habían sido previamente derivados por Gendarmería Nacional a la Fiscalía del MPA de La Quiaca, por instrucciones de la Justicia Federal.
Tras la recepción de la denuncia, la Fiscalía dispuso de inmediato una serie de medidas investigativas y la intervención de personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5 de la Policía de la Provincia, que comenzó con las tareas para ubicar los rodados.
Debido a la magnitud del caso, también se solicitó la colaboración de Gendarmería Nacional y de la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que permitió iniciar un seguimiento que finalmente derivó en la localización de los vehículos en distintas localidades del vecino país.
Las camionetas fueron encontradas en la localidad de San Juan, en el Departamento de Chuquisaca, y en Challapata, ubicada a unos 600 kilómetros de la zona fronteriza de La Quiaca–Villazón.
Luego de realizar los trámites correspondientes, en la jornada de hoy los rodados ingresaron nuevamente al país y fueron restituidos a sus propietarios.
Desde el MPA destacaron que la recuperación de estos bienes fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de la Provincia de Jujuy, Gendarmería Nacional y las fuerzas de seguridad bolivianas, y remarcaron que este tipo de cooperación institucional resulta clave para enfrentar los delitos que se registran en zonas de frontera.