La CGT elaboró un informe señalando que la crisis pasó de ser económica a «terminal». Advirtió por la situación de monotributistas, jubilados y hospitales.
El sistema de salud sindical argentino atraviesa una situación de vulnerabilidad extrema, que pone en riesgo la atención de millones de personas. Según el «Informe de situación de obras sociales» elaborado por la secretaría de Acción Social de la Confederación General del Trabajo (CGT) que encabeza José Luis Lingeri; al 31 de marzo pasado, la crisis pasó de ser económica a «terminal» para muchas organizaciones, que sostienen su atención con fondos propios de los sindicatos.
Se estima que entre el 60 al 63% de la población se atiende a través del sistema de obras sociales (incluyendo PAMI y obras sociales provinciales), lo que equivale a más de 25 millones de personas. El documento de la central se conoció al mismo tiempo que los médicos del PAMI dispusieron un paro por 72 horas, denunciando una rebaja salarial del 50%.
Cómo se recaudan los fondos de las obras sociales
En el informe se detalla que la actual situación se debe a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, base del financiamiento (ronda el 30%), mientras que los costos médicos escalaron muy por encima de la inflación general.
Vale señalar que los descuentos por obra sociales no se derivan en forma automática en favor de cada entidad, sino que los recauda la ARCA y los transfiere a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que es la encargada del reparto. Al respecto, un histórico dirigente explicó a iProfesional que «todos los gobiernos de Menem para acá retienen los fondos de las obras sociales, que son de los trabajadores, y los reparten con criterio más político que contable».
Apuntó que «cada tanto el Ejecutivo anuncia la intervención de una obra social, dejando entrever el mal manejo cuando la realidad es que están asfixiadas financieramente y el sindicato tampoco las puede sostener, o se busca poner a un funcionario de turno para utilizar la caja de esa organización, como sucedió en los tiempos de Macri con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)».
Cuáles son los problemas que llevaron a esta crisis
Más allá del análisis, el documento hace foco en los números, resaltando la diferencia entre ingresos y gastos obligatorios. Mientras que la recaudación promedio del sistema se ubica en $67.525 por beneficiario, el costo estimado para cubrir el Plan Médico Obligatorio (PMO) llegó en marzo pasado a $85.000 per cápita, lo que implica un descalce del 25%.
Y desglosó los siguientes temas:
Cobertura insuficiente: El 78,5% de los afiliados (más de 11 millones de personas) no genera aportes suficientes para costear el menú de prestaciones mínimas que las obras sociales están obligadas por ley a brindar
Auxilio sindical: La mayoría de las obras sociales dependen hoy del auxilio financiero directo de sus respectivas organizaciones gremiales para evitar la cesación de pagos (en este punto cabe destacar que las entidades son «solidariamente responsables» con sus afiliados y familias)
Impacto en la atención: La crisis ya se traduce en cortes en la cadena de pagos a prestadores, demoras en los turnos y una caída notable en la calidad médica
Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de los afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la disminución de la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. «Esta situación se mantiene hasta la actualidad», afirmaron.
Monotributistas, jubilados y facturación de hospitales públicos
El informe -que lleva las firmas del triunvirato de la central obrera, conformado por Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio)- pone la mirada en los monotributistas, a los que califica como un «agujero financiero» para el sistema. Se estima que el aporte de estos afiliados (aproximadamente $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO, a pesar de que este grupo suele presentar una carga de enfermedades mayor a la de los trabajadores activos. En este aspecto, advirtió que muchos utilizan este régimen solo para acceder al sistema de salud a «precios irrisorios».
En cuanto a los jubilados que permanecen en las obras sociales, indicaron que «también resulta ampliamente negativa y discriminatoria». Explicaron que «el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, un valor resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que, por esa diferencia, no contra presta ningún servicio».
Sobre la facturación de los hospitales públicos, revelaron que «se ha transformado en otro factor de distorsión para nuestras organizaciones», ya que en determinados distritos como los hospitales de CABA, el nomenclador presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados y no solicitan autorización previa para prácticas programadas.
(.iprofesional.com)