El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, abrió una investigación penal a la DEA por su papel en la llegada de fentanilo a Albuquerque, tras informes de vigilancia sin incautaciones.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha iniciado una investigación penal para determinar si agentes de la DEA infringieron la ley estatal al permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Albuquerque. Esta medida se produce menos de una semana después de que un informe revelara que la DEA había vigilado, pero no incautado, cargamentos de este opioide sintético entre 2023 y 2025, en un intento por construir casos más grandes.
Agentes y exagentes de la DEA, incluyendo al denunciante David Howell, manifestaron que esta estrategia comprometía la seguridad pública y podría haber violado las directrices del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que están diseñadas para proteger a la población.
A pesar de la grave crisis de sobredosis que enfrenta el país, el fentanilo no fue incautado, incluso cuando la DEA estaba llevando a cabo una campaña de concienciación pública denominada «One Pill Can Kill» («Una pastilla puede matar»), que advierte sobre la letalidad de esta sustancia en dosis mínimas.
La investigación del fiscal general convierte el debate sobre tácticas policiales en una cuestión legal sobre si los agentes federales cruzaron límites en su búsqueda de organizaciones de tráfico más grandes. Torrez ha enfatizado que los agentes federales «no están por encima de la ley», aunque cuentan con considerables protecciones cuando actúan en funciones oficiales.
Torrez ha indicado que comenzará a exigir documentos e información sobre la conducta de la DEA tanto en Nuevo México como a nivel nacional, para determinar si lo ocurrido refleja un patrón más amplio de comportamiento temerario o ilegal. En una carta dirigida a la gobernadora Michelle Lujan Grisham, Torrez afirmó que si las acusaciones resultan ser ciertas, las consecuencias para los habitantes de Nuevo México no fueron meramente abstractas, sino mortales.
El fiscal general también destacó que Nuevo México se encuentra entre los estados más afectados por las muertes relacionadas con sobredosis de fentanilo. «Las familias que han perdido a sus seres queridos en esta crisis merecen un informe completo sobre lo que el gobierno federal sabía y las acciones que tomó», afirmó.
La DEA negó inicialmente las acusaciones formuladas por Howell, pero posteriormente solicitó a un organismo de supervisión independiente del Departamento de Justicia que realizara su propia investigación. En un comunicado, el Departamento de Justicia aseguró que si la revisión identifica áreas de mejora, la DEA implementará los cambios necesarios para mejorar sus prácticas.
Aumenta la indignación entre dirigentes locales y estatales en Nuevo México tras las acusaciones. Sin embargo, estas preocupaciones no son compartidas por muchos familiares de víctimas de sobredosis, como lo expresa Paul E. Martin, fundador de United Against Fentanyl, quien defiende el trabajo de la DEA y destaca que sus agentes arriesgan sus vidas para eliminar las drogas ilegales de las calles.
(Cadena3)