Hay números que duelen. En Jujuy, 64.600 familias no tienen vivienda propia. Son más de 60.000 las viviendas que hacen falta. El 61% de nuestros niños y niñas vive bajo la línea de pobreza, lo que significa que crecer en esta provincia es, para la mayoría, crecer sin un techo seguro.
No son estadísticas abstractas, son vecinos de Alto Comedero, de Loteo Bárcena, de Chijra, de los asentamientos que crecen en las márgenes de los ríos cada vez que una familia no encuentra otra salida.
En ese contexto, el Bloque de Diputados Justicialistas de la Legislatura Provincial presentó un proyecto de ley que merece total atención: la declaración de emergencia habitacional en Jujuy y la creación del Laboratorio Social para el Desarrollo Habitacional Sectorial y Territorial.
En este sentido Marcelo Alejandro Cabero quien es Secretario de Economía Social de la CTA de los Trabajadores Comisión Directiva Provincial de Jujuy explica los puntos sobresalientes del proyecto elaborado.
Una emergencia que ya no puede esperar
El proyecto propone declarar la emergencia habitacional por cinco años en todo el territorio provincial. No es una medida simbólica, implica obligar al Estado a priorizar programas de urbanización, regularización dominial y soluciones habitacionales progresivas.
Implica también, reconocer lo que en los barrios populares se sabe hace tiempo, esto es una crisis y las crisis requieren respuestas extraordinarias.
Uno de los aspectos más importantes es la atención a las zonas de riesgo. En Jujuy, muchas familias terminan asentándose en terrenos junto a ríos, arroyos y zonas inundables, no por elección, sino porque no existe otra opción disponible.
El proyecto establece la identificación de esas zonas y la posibilidad de programas de relocalización con participación de las familias afectadas, no el desalojo como única respuesta, sino el derecho a ser parte de la solución.
El problema del financiamiento y quienes quedan afuera
El sistema tradicional de acceso a una vivienda exige recibos de sueldo, ingresos formales, niveles salariales que no existen para quienes más necesitan una casa. El albañil cuentapropista, la vendedora ambulante, el trabajador de la economía popular generan ingresos reales, pero el sistema los deja fuera porque no puede leer su realidad.
El proyecto ataca directamente ese problema. Establece que al menos el 25% de las viviendas adjudicadas por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy deben destinarse a trabajadores cuentapropistas, monotributistas y de la economía popular. Y crea un sistema de financiamiento con cuotas adaptadas a ingresos variables, para que pagar la vivienda no signifique dejar de comer.
A eso se suma un cupo mínimo del 10% para personas con discapacidad y del 20% para familias monoparentales, sectores que históricamente acumulan todas las barreras al mismo tiempo.
El laboratorio social: pensar el hábitat de otro modo
La creación del Laboratorio Social para el Desarrollo Habitacional es quizás la propuesta más innovadora del proyecto. No se trata de una oficina burocrática más, sino de un espacio de diseño y experimentación con participación de universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales y cooperativas de vivienda.
La idea es generar modelos alternativos pensados para nuestra realidad: autoconstrucción asistida, cooperativas de vivienda, urbanización progresiva. En Jujuy, donde los asentamientos surgieron precisamente porque las respuestas formales llegaron tarde o no llegaron, ese enfoque no es una novedad académica, sino una necesidad comprobada.
Lo que falta y lo que viene
El proyecto tiene virtudes concretas, pone números, establece plazos, fija responsabilidades. Pero también tendrá que enfrentar la pregunta que siempre aparece, ¿con qué fondos? La creación del Fondo Provincial para la Innovación Habitacional es un primer paso, pero su alcance real dependerá de lo que el Ejecutivo provincial esté dispuesto a sostener presupuestariamente.
Lo que nadie puede discutir es la necesidad. En Jujuy, el déficit habitacional es estructural, histórico y creciente. Cada familia que hoy vive en una pieza precaria con paredes de madera, en un asentamiento sin agua o en una casa que amenaza con caerse, no está esperando un debate técnico.
Está esperando que el Estado le reconozca lo que la Constitución ya le garantiza: el derecho a una vivienda digna. Este proyecto es un paso hacia esa dirección. Y eso, en el contexto actual, no es poca cosa.
El proyecto:
