El Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, firmaron ayer un convenio de cooperación institucional.
El mismo está destinado a fortalecer el trabajo articulado entre ambos organismos y optimizar los mecanismos de asistencia y acompañamiento a la comunidad. Del acto participó además el Procurador General Adjunto del MPA, Diego Chacón.
El acuerdo establece un marco de colaboración entre el Ministerio Público de la Acusación y el Departamento y Servicio de “Potencial Ciudadano”, dependiente de la Procuración Municipal, con el objetivo de coordinar acciones que permitan brindar respuestas más eficientes a personas que requieren orientación, asistencia o acompañamiento por parte del Estado.
En ese marco, se prevé la derivación de casos detectados durante la recepción de denuncias cuando las situaciones planteadas no revistan carácter penal y, por lo tanto, requieran la intervención de equipos especializados para su abordaje. A través de esta articulación, los denunciantes podrán acceder a servicios de orientación, contención, asesoramiento y asistencia interdisciplinaria brindados por la Municipalidad.
Asimismo, el convenio contempla mecanismos de cooperación e intercambio de información institucional, dentro de los límites legales y resguardando la confidencialidad de los datos, con el propósito de mejorar la atención de las personas y facilitar el acceso a los recursos disponibles para cada situación.
La implementación de este acuerdo permitirá optimizar la derivación de casos, evitar la superposición de intervenciones y fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos involucrados, garantizando una atención más cercana, integral y adecuada a las necesidades de quienes acuden en busca de ayuda.
Con la firma de este convenio, el Ministerio Público de la Acusación reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales y el trabajo coordinado con los distintos organismos del Estado, promoviendo acciones conjuntas que contribuyan a mejorar el acceso a la asistencia, la protección de derechos y la calidad de las respuestas brindadas a la comunidad.