La elección del Consejo representa un avance institucional. Su creación apunta a transparentar el sistema judicial, establecer concursos para la selección de magistrados y limitar la discrecionalidad política. Es, en esencia, una respuesta a una demanda histórica para que los jueces no dependan exclusivamente del poder de turno.
Porque el Consejo de la Magistratura no es un organismo más. Es el espacio donde se define quién será juez, quién avanza en su carrera y quién puede ser removido. En otras palabras, es uno de los núcleos reales del poder en una democracia.
La elección del próximo 24 de abril en el Colegio de Abogados de Jujuy, donde se elegirán dos representantes para el Consejo de la Magistratura, está mostrando algo más profundo que una simple competencia entre listas.
Está obligando a la abogacía a discutir qué tipo de Justicia quiere para la provincia. Y en ese proceso, casi sin decirlo explícitamente, vuelve a quedar en primer plano una decisión política que marcó un antes y un después: la reforma constitucional de 2023.
No es un dato menor. Hasta hace poco, Jujuy no tenía un Consejo de la Magistratura con rango constitucional. La reforma impulsada por el entonces gobernador Gerardo Morales no solo lo incorporó a la Constitución, sino que le dio funciones concretas: seleccionar jueces por concurso, ejercer control disciplinario y activar procesos de acusación. Es decir, institucionalizó un mecanismo que apunta a transparentar y profesionalizar la administración de justicia.
Esa decisión, que fue fustigada por la oposición de entonces, hoy empieza a mostrar su verdadero alcance. Porque lo que se está viendo en esta campaña de abogados no es solamente una puja corporativa, sino la consecuencia directa de haber creado una nueva estructura de poder dentro del sistema judicial. Una estructura que obliga a los abogados a posicionarse, a debatir reglas, a pensar en equilibrios y a asumir que su voto tendrá impacto real en cómo se designan y controlan los jueces.
Las tres líneas discursivas que emergen en la campaña -de acuerdo a lo que puede verse en los medios- son la defensa del abogado litigante, la necesidad de mayor representación y control, y la preocupación por las desigualdades en el acceso a cargos. Todas coinciden en un punto central: evitar que el Consejo reproduzca una lógica cerrada, endogámica, dominada por quienes ya están dentro del sistema. Esa coincidencia no es casual. Es la respuesta natural a un diseño institucional que busca equilibrar poder y abrir el sistema.
Ahí es donde la reforma constitucional adquiere sentido histórico. Porque al establecer un Consejo con participación de distintos estamentos —Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y abogados de la matrícula— introdujo una lógica de contrapesos que antes no existía. Y en ese esquema, los representantes de los abogados no son un actor decorativo: pueden ser un factor de equilibrio real o quedar reducidos a un rol testimonial. Esa tensión es, justamente, la que hoy está en discusión.
También esta elección expone que todavía no terminó de asentarse culturalmente que el Consejo de la Magistratura es una pieza de poder estatal. Parte de la cobertura mediática y del clima de campaña tiende a mezclar esta elección con la vida interna del Colegio, como si se tratara de una elección más. Pero no lo es. Lo que está en juego es quiénes van a participar en la definición de los jueces del futuro y en el control del sistema judicial.
En ese sentido, la movida electoral que hoy moviliza a los abogados es, en sí misma, una señal positiva. Hay listas, hay debate, hay posicionamientos. Puede discutirse si el nivel de profundidad es suficiente o no, pero lo que no puede negarse es que hay participación. Y esa participación no surge de la nada: surge de una decisión política previa que creó las condiciones para que exista.
Por eso, más allá de las diferencias entre listas o de las críticas que se puedan formular, esta elección también permite revalorizar la Reforma del 23, una iniciativa que, con el tiempo, empieza a mostrar su verdadera lógica, esto es haber dotado a Jujuy de instituciones más modernas para la administración de justicia. En un país donde muchas veces las reformas quedan en el plano discursivo, haberlas llevado a la Constitución y luego a una ley concreta no es un dato menor.
Lo que viene después del 24 de abril será incluso más importante que la elección en sí. Porque allí se verá si el Consejo de la Magistratura funciona como un verdadero órgano de equilibrio y transparencia, o si termina reproduciendo las lógicas que buscaba corregir. Pero hay algo que ya es evidente: la discusión existe, el espacio institucional está creado y los actores están obligados a ocuparlo.
Y en política, eso ya es un cambio.