En Jujuy hay algo que funciona a la perfección: Es el sistema de corte de la luz. Todo lo demás —la calidad del servicio, la estabilidad de la tensión, la duración de los cortes— es discutible. Pero el mecanismo para dejarte sin energía, ese sí, es quirúrgico.
El usuario promedio cree que le van a cortar cuando acumule dos o tres facturas adeudadas. Error. En realidad, te cortan por tiempo, no por cantidad. Y el tiempo corre mucho más rápido de lo que parece.
Veamos cómo funciona de verdad, sin maquillaje. Vos consumís energía en enero. El medidor registra ese consumo. La empresa procesa los datos… y la factura te llega recién en marzo. Hasta ahí, el usuario financia el sistema durante semanas sin saber cuánto debe. Pero una vez que la factura aparece, la lógica cambia: tenés apenas unos días para pagar, porque a los 20 días del vencimiento ya pueden cortarte el servicio. Así, sin anestesia.
La ecuación es brutalmente simple: meses para cobrarte, días para castigarte.
Y hay un detalle todavía más interesante —o más irritante—: cuando te llega el aviso de corte, como esos mensajes que dicen “EVITE EL CORTE EN 48 HS”, vos ves una sola factura impaga. Una. No dos, no tres. Una. Pero el sistema ya te considera en mora suficiente para desconectarte. ¿Por qué? Porque la siguiente factura todavía ni siquiera fue emitida. Es decir, te cortan con una sola factura visible, pero con una deuda “invisible” en proceso.
Como si eso fuera poco, aparece otra zona gris del sistema que rara vez se explica: la medición del consumo no siempre refleja lo que realmente ocurre en la casa. Aun cuando no haya uso efectivo de energía —incluso en situaciones donde una vivienda queda completamente sin suministro interno— el consumo registrado rara vez tiende a cero. El sistema promedia, arrastra, estima, corrige. Pero nunca perdona. Y así, el usuario termina pagando consumos que no puede verificar ni comprender con claridad.
Ahí aparece la gran contradicción que nadie quiere explicar: la electricidad es un servicio esencial… pero se factura y se corta como si fuera un servicio comercial cualquiera.
Durante la pandemia, esto cambió. El Estado lo entendió. Se prohibieron los cortes, incluso con varias facturas impagas. Se protegió a familias, comercios, pymes. Se reconoció lo obvio: que la energía no es un producto más, es una condición básica para vivir. Pero pasó la emergencia, y el sistema volvió a su versión original: rápida para cortar, lenta para explicar.
Y mientras tanto, el usuario paga. Paga cada vez más. Paga tarifas que subieron de manera sostenida desde 2023, en un contexto donde los ingresos no acompañan. Paga aún con inflación mínima, con pérdida de poder adquisitivo, con incertidumbre. Y lo hace por un servicio que, en la práctica, está lejos de ser confiable.
Porque esa es la otra cara del problema. La que no aparece en la factura.
Cortes de 5, 8, 10 horas, microcortes constantes y tensiones por debajo de lo normal.
Una combinación perfecta para deteriorar silenciosamente los electrodomésticos. Heladeras que dejan de enfriar correctamente, aires acondicionados que fallan, televisores que se dañan y especialmente, todos esos equipos que trabajan con transformadores —routers, cargadores, fuentes— que son los primeros en sufrir cuando la tensión es inestable.
No es un problema menor ni aislado. Es acumulativo. Es silencioso. Y es caro.
Pero nada de eso se descuenta.Nada de eso aparece en la factura.Nada de eso frena el corte.
Y en ese equilibrio que nunca llega, la SUSEPU —que debería controlar y defender al usuario— termina siendo más una presencia administrativa que una garantía real.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué el usuario debe ser perfecto cuando el servicio no lo es?
En otros países, este debate está saldado. En Francia no se corta la luz en invierno. En España hay protección para usuarios vulnerables. En muchos lugares se prioriza la continuidad del servicio antes que la sanción. Acá no. Acá se prioriza el corte y el negocio de EJESA. Rápido, eficiente, automático.
Y lo más incómodo de todo: EJESA no está haciendo nada ilegal. Cumple la norma. El problema es la norma.
Un sistema que permite cortar un servicio esencial en 20 días, un sistema que factura consumos difíciles de auditar, que no compensa la mala calidad, y que no contempla el contexto económico, no es un sistema equilibrado. Es un sistema diseñado para recaudar, no para garantizar derechos.
Por eso, el debate que falta no es técnico, es político. Hay que discutir una nueva ley que reconozca a la energía eléctrica como lo que es: Un servicio esencial de verdad.
Con plazos más razonables; con protección a familias y pymes; con compensaciones automáticas por mala calidad y con facturación clara, entendible, transparente.
Porque hoy pasa algo tan legal como absurdo: Se exige pago puntual bajo amenaza de corte inmediato, pero no se garantiza continuidad ni calidad del servicio y menos transparencia en la facturación.
Y cuando eso ocurre, ya no estamos hablando de una factura, estamos hablando de un modelo. Un modelo donde la luz llega…hasta que pasan 20 días.