El proyecto busca actualizar las herramientas de protección de las personas frente a una realidad en la que la información digital puede permanecer durante años, ser replicada y convertirse en una representación permanente de la identidad.
La iniciativa propone equilibrar el derecho a la privacidad y la protección de las personas con la libertad de expresión y el acceso a información de interés público.
La diputada nacional por Jujuy, María Inés Zigarán (UCR-Provincias Unidas), presentó un proyecto de ley de Tutela de la Identidad Digital y Derecho a la Desindexación, que propone establecer herramientas específicas para proteger a las personas frente a los nuevos desafíos de la vida digital.
La iniciativa contempla que una persona pueda solicitar la corrección, actualización, contextualización o desindexación de información cuando su permanencia o forma de aparición en Internet genere un daño injustificado, sin que ello implique necesariamente eliminar el contenido original.
Proteger a las personas sin borrar la historia
Uno de los ejes centrales del proyecto es distinguir entre eliminar un contenido y desindexarlo. La desindexación impide que determinados enlaces aparezcan en búsquedas realizadas a partir del nombre u otro dato identificatorio de una persona, pero mantiene el contenido en su fuente original.
La propuesta busca así armonizar la protección de la privacidad, la identidad, el honor y la seguridad con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público.
En este sentido, la desindexación de información lícita y veraz será excepcional y deberá acreditarse un daño actual, concreto y sustancial que prevalezca claramente sobre el interés público y la libertad de expresión.
El proyecto establece además una protección reforzada para información vinculada con funciones públicas, candidaturas, fondos públicos, corrupción, responsabilidades institucionales, violaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas, científicas o históricas.
También contempla reglas específicas para niñas, niños y adolescentes, así como una protección especial para las víctimas de delitos y violencia, evitando la exposición innecesaria de datos personales, imágenes íntimas o información sobre su salud y vida sexual.
Una respuesta frente a la violencia digital y la inteligencia artificial
La iniciativa incorpora mecanismos de tutela urgente frente a la difusión o amenaza de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, incluyendo material manipulado o generado mediante inteligencia artificial.
También contempla situaciones de sextorsión, suplantación de identidad, amenazas y divulgación riesgosa de datos, con especial protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Esta propuesta complementa el marco establecido por la Ley N° 27.736, Ley Olimpia, que reconoció la violencia digital o telemática como una modalidad de violencia contra las mujeres.
La protección de la identidad no puede convertirse en censura
El proyecto establece expresamente que sus mecanismos no podrán utilizarse para imponer censura previa, alterar archivos periodísticos lícitos, revelar fuentes periodísticas ni restringir información pública.
Las controversias vinculadas con información periodística o de interés público deberán respetar las garantías del debido proceso y quedar sujetas al control judicial.
La iniciativa toma además como referencia, antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos el caso Denegri, referido al derecho a la desindexación de información veraz y de interés público.
Más transparencia y responsabilidad para las plataformas
Por otro lado, la propuesta establece obligaciones para los prestadores digitales, entre ellas procedimientos transparentes, revisión humana, canales de contacto, preservación de evidencia y obligaciones de transparencia para las plataformas de mayor alcance.
También propone que la Agencia de Acceso a la Información Pública sea la autoridad de aplicación y cuente con una unidad especializada en identidad digital y violencia digital con perspectiva de género.
Una legislación para una realidad que cambió
Para Zigarán, el desafío es actualizar el marco jurídico frente a una realidad en la que la información digital puede afectar de manera permanente la identidad y la vida de las personas. Por eso la iniciativa crea además una acción judicial específica de tutela de la identidad digital, que podrá ser promovida directamente por la persona afectada.
“La propuesta busca una solución institucionalmente equilibrada: protege a quien queda atrapado en una representación digital injustificadamente persistente, responde con rapidez frente a las violencias digitales y, al mismo tiempo, preserva la memoria colectiva, el periodismo, el escrutinio de los poderes y el derecho social a conocer”, concluyó finalmente la legisladora.