A raíz de los hechos ocurridos durante la tarde del 29 de julio de 2026 en inmediaciones de la Escuela de Comercio N.º 1 de Perico, donde dos menores de edad fueron atacados, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 9 de El Carmen-Perico inició una investigación y dispuso distintas medidas para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.
El fiscal Luis Marcelo De Aparici encomendó al Ayudante Fiscal Zonal, Dr. Diego Bejarano, la coordinación de las primeras diligencias, entre ellas los exámenes médicos de las víctimas, el relevamiento de cámaras de seguridad, la intervención de personal de Criminalística y la toma de entrevistas a directivos y testigos del hecho.
También se desarrollaron tareas investigativas destinadas a individualizar a los presuntos agresores, establecer sus domicilios y relevar sus antecedentes. En forma inmediata se dio intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, con el objetivo de brindar acompañamiento y protección a los menores.
El 30 de julio se registraron nuevos hechos relacionados con el episodio y vinculados a los mismos grupos familiares. Ante esta situación, se procedió a la demora de personas sindicadas como vinculadas a los hechos, quienes permanecieron detenidas conforme a las facultades legales.
Con los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal De Aparici solicitó al juez de Control de turno, Dr. Gastón Mercau, la autorización para realizar allanamientos, registros y secuestros en tres domicilios de la ciudad de Perico.
Los procedimientos estuvieron dirigidos a recuperar objetos presuntamente sustraídos y al secuestro cautelar de teléfonos celulares de personas vinculadas a la investigación. Las medidas fueron autorizadas por el magistrado y ejecutadas de manera simultánea durante la mañana del domingo 2 de agosto por personal de la Comisaría Seccional 21 de Perico, con resultado positivo.
Asimismo, para resguardar a las víctimas, se dispusieron y notificaron medidas cautelares de prohibición de acercamiento y abstención. Las personas imputadas permanecen sometidas al proceso penal y sus antecedentes fueron registrados.
La investigación continúa con distintas medidas probatorias pendientes, entre ellas la extracción y análisis de la información contenida en los teléfonos celulares secuestrados, la realización de una declaración en Cámara Gesell, el análisis criminalístico de las prendas de vestir para cotejar posibles daños y fluidos biológicos y el análisis fílmico de los registros de video, además de otras diligencias que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos.