Vicente Salazar, líder sindical indígena, fue enviado a prisión preventiva por seis meses tras ser acusado de terrorismo en medio de las protestas que sacudieron Bolivia por más de 50 días.
Un juez ha dictado prisión preventiva para el líder sindical indígena Vicente Salazar, quien es uno de los tres principales referentes de las protestas que paralizaron Bolivia durante 53 días. Esta crisis se considera la más significativa que ha enfrentado el presidente Rodrigo Paz, quien impuso un estado de excepción en un intento por controlar las movilizaciones.
En una audiencia celebrada en La Paz, la fiscalía acusó a Salazar de varios delitos, incluyendo terrorismo, atentado a los servicios y instigación pública a delinquir. El sindicalista cumplirá seis meses de prisión preventiva, desde donde asumirá su defensa.
Su abogado, René Salazar, expresó a los medios que «no existen pruebas documentales» en contra de su defendido, quien es el máximo dirigente de la Federación Sindical de Campesinos Túpac Katari de La Paz. Además, informó que apelará la decisión judicial.
Las protestas, que finalizaron el 23 de junio, dejaron un saldo trágico de 22 fallecidos, de los cuales 19 fueron víctimas de bloqueos carreteros y tres pertenecían a los sectores movilizados, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Sectores empresariales y organizaciones cívicas han anunciado acciones legales contra los líderes de las movilizaciones, alegando pérdidas económicas que superan los 2.500 millones de dólares.
Además de Salazar, los otros acusados son el expresidente Evo Morales y el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quienes aún no han sido detenidos. Los manifestantes exigían la renuncia de Paz, a quien responsabilizan de la crisis que vive el país, caracterizada por la escasez de combustible y el desabastecimiento de alimentos.
El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace ocho meses, ha denunciado que las protestas fueron financiadas por grupos a los que califica de «narcoterroristas» con el fin de desestabilizar su gobierno. Acusa a los cocaleros afines a Morales de buscar impunidad para el exmandatario, quien se enfrenta a una investigación judicial por presunto abuso de una menor durante su gobierno.
Los movilizados argumentaron que sus protestas eran en defensa de los derechos laborales y para frenar medidas de ajuste liberal, así como la privatización de empresas públicas. En este contexto, la policía reportó el decomiso de grandes sumas de dinero que, supuestamente, habrían financiado las movilizaciones.
El gobierno ha acordado con la COB revisar los procesos legales de casi un centenar de detenidos, aunque no se ha aclarado si esto beneficiará a Argollo. Las protestas han debilitado a los sindicatos y a la izquierda, que sufrió una derrota en las elecciones de noviembre pasado, marcando un cambio político en el país tras casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y Luis Arce.
(Cadena3)