Además reconoció su responsabilidad penal por la comisión de 22 hechos de estafa y un hecho de defraudación al Estado.
Como resultado de una exhaustiva investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación, el Juez de Control, Rodolfo Miguel Fernández, homologó el pasado martes 30 de junio un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual Julián A.F. Martínez fue condenado a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11 de La Quiaca, a cargo del fiscal Dr. Alberto Mendivil, con la intervención del ayudante fiscal Dr. Luis Miguel Cavanna, quienes durante la Investigación Penal Preparatoria reunieron una importante cantidad de elementos probatorios que permitieron sustentar la acusación fiscal.
Los hechos estuvieron vinculados con la comercialización ilegal de lotes fiscales pertenecientes al Estado provincial en la ciudad de La Quiaca, maniobra mediante la cual fueron damnificadas 22 personas.
El acuerdo de juicio abreviado fue alcanzado entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa técnica del imputado, con la participación la abogada de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Iris Said, en representación de la provincia como parte querellante. En ese marco, Martínez reconoció de manera libre y voluntaria su responsabilidad penal en los hechos atribuidos, prestó conformidad con la acusación formulada por la Fiscalía y aceptó la pena acordada, la cual fue posteriormente homologada por el magistrado interviniente.
El juicio abreviado es un instituto previsto en el Código Procesal Penal que permite concluir un proceso penal sin la realización del juicio oral y público, mediante un acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa, con la conformidad expresa del imputado respecto de los hechos, la calificación jurídica y la pena. Dicho acuerdo debe ser sometido al control del juez, quien verifica el cumplimiento de los requisitos legales y, de corresponder, dispone su homologación.
Con esta resolución, el Ministerio Público de la Acusación reafirma su compromiso con la investigación y persecución de los delitos que afectan el patrimonio de las personas y los intereses del Estado, promoviendo el esclarecimiento de los hechos, la protección de las víctimas y la defensa de la legalidad frente a maniobras fraudulentas vinculadas con la comercialización ilegal de tierras fiscales.