Sin acompañamiento libertario, la Legislatura pide a legisladores nacionales de Jujuy gestionar eliminación del IVA en la boleta de luz

La Legislatura de la Provincia aprobó una resolución por la cual requiere a diputados y senadores nacionales de Jujuy impulsar las acciones legislativas, administrativas y presupuestarias necesarias para disponer la eliminación total del impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el suministro de energía eléctrica.

Sesión en la legislatura

Esto es, debido a la situación económica y social que atraviesa el país, el impacto del costo de los servicios públicos en los hogares y las pequeñas unidades productivas y la necesidad de garantizar el acceso a la energía como un derecho esencial.

La iniciativa promovida por el diputado Jubert, presidente del bloque Jujuy Crece, recibió amplio respaldo político en el recinto de sesiones, pero no contó con el acompañamiento de la bancada de La Libertad Avanza.

“Es responsabilidad de los representantes del pueblo promover iniciativas que tiendan a mejorar la calidad de vida de la población, proteger los derechos de los usuarios y consumidores y generar condiciones de equidad y desarrollo”, argumentó Jubert.

El IVA grava el suministro de energía eléctrica, representando un porcentaje adicional que se suma al valor final de la factura, incrementando de manera directa el monto que deben abonar los usuarios.

La carga tributaria nacional sobre los servicios públicos creció de forma sostenida en los últimos años, convirtiéndose en uno de los componentes más significativos del costo final que pagan los consumidores, superando en muchos casos el valor correspondiente a la generación, transporte y distribución propiamente dicha. Por lo tanto, la eliminación de dicho concepto impositivo representaría una medida de alivio inmediato y directo, que se vería reflejada automáticamente en el monto final a pagar por cada usuario.

Consideraron oportuno destacar que, el Estado nacional cuenta con herramientas de política fiscal para reordenar sus prioridades y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin afectar la calidad de los servicios, reasignando recursos y optimizando la recaudación en otros sectores de mayor capacidad contributiva.

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