Adhieren al pronunciamiento de ADPRA en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el transporte de larga distancia

La Defensoría del Pueblo de Jujuy adhiere al pronunciamiento emitido por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Sede de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de Jujuy acompaña y adhiere en todos sus términos al pronunciamiento de ADPRA, reafirmando su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad y con el acceso efectivo a las prestaciones y garantías reconocidas por la normativa vigente.

En el pronunciamiento expresa su preocupación institucional ante la Resolución N.º 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, que elimina el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niñas, niños y adolescentes con cáncer.

En el documento, ADPRA advierte que, si bien la normativa mantiene formalmente el derecho a la gratuidad y la obligación de las empresas transportistas de otorgar los pasajes, la eliminación de las compensaciones económicas podría generar dificultades concretas para el acceso efectivo a este beneficio, especialmente en ausencia de mecanismos complementarios de control, seguimiento y sanción.

La asociación señala que la medida se fundamenta en la libertad tarifaria establecida para el transporte automotor de pasajeros interjurisdiccional, bajo el criterio de que las empresas estarían en condiciones de absorber el costo de los pasajes gratuitos dentro de su estructura económica. Sin embargo, sostiene que dicho argumento no constituye una garantía suficiente de cumplimiento y que la resolución no incorpora nuevas herramientas de auditoría, trazabilidad ni control que permitan verificar la efectiva emisión de los pasajes.

Asimismo, ADPRA considera que la supresión de las compensaciones, en un contexto de ajuste y desfinanciamiento del sector, puede traducirse en mayores obstáculos para las personas con discapacidad al momento de ejercer su derecho al transporte gratuito. Entre las posibles consecuencias menciona la restricción de cupos disponibles, trabas burocráticas en los procesos de reserva, rechazo de solicitudes o reducción de servicios en corredores de menor rentabilidad.

El pronunciamiento también recuerda que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar condiciones materiales para el ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, destaca que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 23, establece la adopción de medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, mientras que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce obligaciones específicas vinculadas a la accesibilidad y la movilidad personal.

Del mismo modo, ADPRA advierte que la medida debe analizarse a la luz del principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, entendiendo que una política que elimina herramientas de sostenimiento material de un derecho sin establecer mecanismos alternativos equivalentes puede generar cuestionamientos respecto de su impacto efectivo sobre la población beneficiaria.

Por tal motivo, la entidad solicita al Estado Nacional la implementación inmediata de sistemas de seguimiento, auditoría y trazabilidad para la emisión de pasajes gratuitos; el fortalecimiento de los mecanismos sancionatorios ante incumplimientos por parte de las empresas transportistas; la preservación de canales accesibles para la reserva de pasajes, especialmente para quienes no cuentan con conectividad digital; y la adopción de medidas concretas que garanticen que la eliminación del régimen de compensaciones no derive en una disminución del acceso efectivo a este derecho.

Finalmente, ADPRA manifiesta que la eliminación de estas compensaciones económicas genera incertidumbre sobre el cumplimiento real de los pasajes gratuitos y entiende que la medida se suma a otras decisiones que vienen impactando sobre el colectivo de las personas con discapacidad.

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