El Gobierno provincial implementó un protocolo para recuperar los costos de los despliegues policiales y de emergencia. La iniciativa busca desalentar intimidaciones que alteran el funcionamiento escolar y demandan recursos críticos del Estado.
El Gobierno de la Córdoba avanzó con una medida destinada a frenar un fenómeno creciente: las falsas amenazas en establecimientos educativos. A través de un nuevo protocolo, quienes realicen intimidaciones —como advertencias de tiroteos o falsas alarmas— deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones generan.
La disposición, formalizada por el Ministerio de Seguridad de Córdoba, establece que los gastos derivados de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables en caso de que los autores sean menores de edad.
El esquema incorpora un criterio económico a las consecuencias penales ya vigentes. A partir de ahora, cada episodio que implique el despliegue de recursos estatales será cuantificado en términos de personal, móviles, tecnología y tareas investigativas. Con esa información, el Estado podrá intimar el pago correspondiente y, si fuera necesario, avanzar con acciones judiciales para recuperar los costos.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó el trasfondo de la decisión: “Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”.
El funcionario subrayó que no se trata de hechos menores. Según indicó, este tipo de conductas “altera el normal funcionamiento escolar, genera angustia en estudiantes, docentes y familias, y obliga a una respuesta inmediata del Estado”.
La implementación del protocolo será coordinada con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, con el objetivo de garantizar una respuesta ágil y efectiva ante cada incidente.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, enfatizó Quinteros.
Con esta medida, la provincia ratifica una política de tolerancia cero frente a las falsas amenazas y busca reforzar la responsabilidad individual, al tiempo que protege recursos clave para la seguridad pública y el normal desarrollo de la vida escolar.