La crisis en la actividad láctea se profundiza tras el cierre de una histórica fábrica de yogures y flanes que dejó 400 trabajadores despedidos en el país.
La crisis en la actividad láctea en Argentina golpea con fuerza tras el cierre definitivo de una histórica fábrica de yogures y flanes, dejando cientos de desempleados. El impacto alcanza a distintas regiones del país.
Crisis láctea en Argentina: quiebra y cierre definitivo
La empresa Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) confirmó su quiebra tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2024, lo que derivó en el cierre definitivo de sus operaciones. La firma era responsable de la producción de yogures, flanes y postres refrigerados distribuidos en todo el país.
El cierre afecta directamente a dos plantas industriales: una en Arenaza (Buenos Aires) con cerca de 180 trabajadores, y otra en Monte Cristo (Córdoba) con aproximadamente 200 empleados. En total, alrededor de 400 personas quedaron sin empleo, muchas con décadas de antigüedad en la actividad.
La desvinculación del personal se produjo luego de un prolongado proceso de crisis interna, con atrasos salariales, suspensiones y conflictos laborales que ya anticipaban un desenlace negativo desde 2023.
Crisis láctea: las causas de la quiebra
ARSA surgió como parte de un intento por sostener la producción tras la reestructuración de SanCor, con expectativas de continuidad y modernización. Sin embargo, con el paso del tiempo, la empresa acumuló deudas con proveedores, transportistas y empleados, en un contexto económico adverso.
El escenario macroeconómico, sumado a la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de inversión, impidió la llegada de capitales que permitieran sostener la actividad. Finalmente, la Justicia ordenó la liquidación total de la compañía, incluyendo embargo de bienes.
Con el cierre, desaparecen del mercado productos tradicionales del segmento de refrigerados, que durante años formaron parte del consumo cotidiano de millones de argentinos, generando además incertidumbre en la cadena de proveedores.
El caso se inscribe en una problemática más amplia del sector, marcada por dificultades para exportar, falta de financiamiento y presión sobre economías regionales, donde cada cierre industrial tiene un fuerte impacto social.