Ex empleados del Banco Provincia siguen reclamando el cumplimiento del convenio de propiedad participada a 27 años de la privatización
En Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy se reunieron ex empleados del Banco Provincia para reiterar el pedido de pago de la Propiedad Participada, beneficio previsto en el marco de la privatización de la entidad ocurrida en 1998.
Según explicaron esta mañana, la normativa contemplaba la asignación del 10% de las acciones de las empresas estatales transferidas al sector privado a favor de sus trabajadores, en base a criterios de antigüedad, jerarquía y cargas familiares.
Los manifestantes sostuvieron que un grupo de aproximadamente 40 ex empleados recibió ese beneficio en el 2020, durante la gestión de Gerardo Morales, y solicitan ahora un tratamiento igualitario. Indicaron que, a lo largo de los años, presentaron notas, pidieron audiencias y mantuvieron contactos con distintos funcionarios, pero que aún no se resolvió el reclamo en su conjunto. Afirman que el paso del tiempo vuelve más urgente la situación, dado que muchos de los afectados ya son adultos mayores y atraviesan problemas de salud.
El grupo que encabeza la iniciativa reúne a alrededor de 70 ex trabajadores, aunque existen otros colectivos que también analizan acciones legales. En todos los casos sostienen que la causa no prescribe y que el derecho continúa vigente. Plantean que el conflicto responde a una definición política y esperan una resolución que disponga la instrumentación definitiva del pago.
Detalles:
La privatización del Banco Provincia de Jujuy se produjo en 1998 en el marco de la legislación nacional. El sistema de propiedad participada otorgaba a los trabajadores el derecho a un 10% de las acciones mediante fondos fiduciarios. En 2020 se realizó un primer pago parcial a un grupo reducido de ex trabajadores. Los actuales reclamantes señalan que buscan un criterio de igualdad en las condiciones de liquidación, y que continúan a la espera de una respuesta formal del Gobierno provincial.
Hasta el momento, no hubo una definición oficial sobre la continuidad del esquema de pago ni un calendario confirmado para el cumplimiento del beneficio reclamado. Los ex trabajadores insisten en que la resolución de este tema aportaría previsibilidad y justicia a un proceso que, a más de un cuarto de siglo de iniciado, permanece inconcluso.
Por Agustín Aguilera Aquino