Tras las excarcelaciones de un pequeño número de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela el 8 de enero de 2026, de un total de alrededor de mil encerradas por motivos políticos (conforme el relevamiento de la sociedad civil), Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de las cientos de personas que aún están detenidas, incluido el gendarme Nahuel Agustín Gallo, privado de la libertad desde hace más de un año por el gobierno de Nicolás Maduro.
“El fin de cada detención arbitraria es un alivio para las víctimas que han sido liberadas. El hecho de que personas privadas de la libertad injustamente hayan podido reunirse con sus seres queridos es una buena noticia. Pero mientras siga habiendo cientos de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, estas medidas seguirán siendo insuficientes”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y subrayó: “Es urgente que se disponga la libertad de todos ellos, incluido el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo”.
Entre quienes fueron excarcelados se encuentran la defensora de derechos humanos y presa de conciencia Rocío San Miguel, personas de nacionalidad española como José María Basoa y Andrés Martínez, así como el líder político Enrique Márquez y el periodista Biagio Pilieri. Aún restan cautivas personas defensoras de derechos humanos como Kennedy Tejeda, Javier Tarazona, Eduardo Torres y Carlos Julio Rojas.
Amnistía Internacional rechaza que cualquier persona excarcelada, habiendo sido víctima de una detención arbitraria por motivos políticos, siga siendo sometida a investigaciones y procesos penales arbitrarios y discriminatorios por parte de las autoridades de Venezuela. Estos procesos suelen incluir medidas restrictivas de la libertad personal, como por ejemplo prohibición de salida del país o registro periódico ante tribunales, pero también perpetúan el temor y la revictimización. Es por ello que la organización reitera su llamado a que las excarcelaciones vayan acompañadas del cierre definitivo e incondicional de los procesos penales contra cada víctima.
La política de represión sigue intacta y vigente
El 3 de enero se decretó en Venezuela el estado de conmoción exterior que incluye un artículo donde se insta a las autoridades a “la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”. Esta misma semana, en los días previos a estas excarcelaciones, Amnistía Internacional recibió numerosos reportes de nuevas detenciones arbitrarias, incluidas las de 14 periodistas que posteriormente fueron liberados.
La práctica generalizada y sistemática de detenciones arbitrarias por motivos políticos forma parte de una política estatal que busca silenciar la disidencia, sea real o percibida como tal. Son crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como por tribunales nacionales bajo el principio de jurisdicción universal. Aún hay personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, algunas con necesidad urgente de atención médica, como Emirlendris Benítez.
Amnistía Internacional llama categóricamente a que se desarticule la política de represión, cesen las detenciones arbitrarias por motivos políticos, y exige que se investigue a las autoridades y otras personas que tengan responsabilidad penal individual por estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.