La salida del ahora ex titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, dejó al descubierto una problemática que el Bloque Convicción Federal vino advirtiendo desde el año pasado: la manipulación de datos difundidos por el organismo para que coincidan con el relato que intenta imponer el Poder Ejecutivo Nacional.
La decisión del Gobierno nacional de mantener la fórmula actual para calcular la inflación, sin modificar las ponderaciones como estaba previsto instrumentar a partir de enero pasado, fue el desencadenante de la dimisión del mencionado ex funcionario.
«En provincias como Jujuy, si hay distorsiones en la medición del impacto inflacionario, las consecuencias son aún mas graves», señaló la senadora nacional Carolina Moisés, integrante de esa bancada.
Y agregó: «Todo se complica porque se invisibiliza el verdadero deterioro del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y los programas sociales del mismo modo que si se subestima el peso real de los servicios, transporte y alimentos».
«Se hace imposible dimensionar el real costo de vida en el interior de la Argentina y se toman decisiones económicas y políticas públicas que no están a la altura de las respuestas que necesita la gente», completó.
Moisés, junto a los senadores nacionales Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Fernando Salino (San Luis) presentaron un Proyecto de Declaración (1534/25) que marcaba señales de alarma por las declaraciones públicas de Lavagna en las que, bajo argumentaciones técnicas, buscaba justificar por qué se posponía la implementación de la nueva metodología de medición.
“Esta decisión sin dudas, afecta el acceso de la población a la información real de indicadores económicos actualizados”, indicaron, marcando con claridad que bajo una serie de especulaciones de naturaleza política se busca encubrir el conocimiento de la real situación de la economía nacional.
Convicción Federal presentó también dos Proyectos de Ley (1571/25 y 1688/25). En el primer caso, para que el Indec deba actualizar la estructura de ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cada diez años. “Es para reflejar de manera precisa y oportuna los cambios en los patrones de consumo de los hogares argentinos, asegurando la representatividad nacional y regional de los datos relevados”, fundamentaron.
En tanto que la restante iniciativa (Exp. 1688/25) se refiere a la elaboración de estadísticas de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total.
Por todo esto, el Bloque Convicción Federal reitera que “la decisión política del PEN de continuar las mediciones del IPC y demás indicadores bajo parámetros desactualizados que no reflejan la realidad, afecta no sólo la credibilidad de una Argentina que busca dar señales a los mercados y atraer inversiones; sino también, el derecho de la población al acceso a información pública fidedigna”.