En las inmediaciones de Casa de Gobierno, hoy un grupo de trabajadores y ex empleados bancarios continúa con su reclamo por el pago de deudas que datan desde la privatización del Banco en 1998.
En esta oportunidad, los manifestantes informaron que mantuvieron contactos con funcionarios del Ejecutivo provincial, aunque todavía no han recibido una respuesta concreta a sus demandas.
“Estuvimos reunidos con la Secretaría de Gobernación y con Fiscalía de Estado. Hasta el momento no tenemos ninguna novedad concreta, pero nos informaron que se está trabajando sobre el tema”, explicó uno de los voceros del grupo.
A través del secretario personal del gobernador, Luis Antillán, y de la representante de la Secretaría de Fiscalía de Estado, Patricia Alves, los trabajadores recibieron la confirmación de que el expediente continúa en tratamiento. “Nos dijeron que el gobernador está al tanto de la situación y que se está analizando una posible resolución. Sin embargo, seguimos sin definiciones”, expresaron.
El clima entre los manifestantes fue de preocupación y cautela, sobre todo tras los recientes resultados electorales y las promesas realizadas antes de los comicios. “Estamos casi en la misma situación que antes, pero con más incertidumbre. Antes de las elecciones se nos aseguró que se iba a resolver, y seguimos esperando”, lamentó otro de los presentes.
Consultados sobre la continuidad de las medidas, los trabajadores remarcaron que su reclamo no tiene tintes políticos. “Nosotros no venimos acá por un partido o por una bandera. Luchamos por lo que nos corresponde, por lo que nos deben desde hace más de 27 años. Queremos que se nos pague lo que se nos debe, sin importar quién gobierne”, subrayaron.
Durante la asamblea realizada frente a Casa de Gobierno, los voceros detallaron que a otras 50 personas ya se les habría efectuado el pago correspondiente, lo que, según expresaron, genera un reclamo de igualdad y justicia. “Creemos que, por una cuestión de equidad, corresponde que también se nos reconozca a nosotros lo que se nos adeuda. No pedimos privilegios, solo lo que es justo”, afirmaron.
Por el momento, las autoridades provinciales no han ofrecido una fecha para una nueva reunión o instancia de diálogo formal. “Todo lo que sabemos es que se está trabajando. Nos dicen que están viendo el tema, que siguen las gestiones, pero hasta que no nos convoquen para sentarnos a hablar de números concretos, seguiremos manifestándonos de forma pacífica”, aseguraron.
Uno de los representantes del grupo indicó que el expediente se encuentra actualmente en manos de Fiscalía de Estado, desde donde se estarían realizando las últimas revisiones legales antes de una posible resolución. “Creemos que es un avance, aunque pequeño. Mientras se continúen las tratativas y el gobierno mantenga el compromiso, lo consideramos algo positivo. Pero necesitamos que se concrete”, concluyó.
Los trabajadores adelantaron que continuarán con sus reuniones semanales y con las manifestaciones pacíficas hasta obtener una respuesta definitiva. “Hace casi tres décadas que esperamos. No pedimos nada más que lo que nos corresponde por derecho”, finalizaron.
Por Nicolás Agustín Casas