El diputado nacional Jorge ‘Colo’ Rizzotti planteó modificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que la alícuota sea del 0% en los servicios domiciliarios de luz y agua, y que se reduzca a la mitad el porcentaje de la alícuota cuando el servicio sea para micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
“El objetivo es un poco de alivio económico y de protección del poder adquisitivo de los hogares y las unidades productivas de micro a mediana escala mediante reducir la incidencia del IVA en las facturas de luz, agua y saneamiento, con la quita de la alícuota para los usuarios residenciales y con una reducción del 50% de la alícuota para las micro y pymes”, informó Rizzotti sobre el proyecto de ley que ingresó al Congreso de la Nación desde la Cámara de Diputados y que, compartió, “se da en consonancia también con la resolución emanada de la mayoría de Legislatura de la Provincia de Jujuy, que nos solicitó a los representantes nacionales acciones en tal sentido”.
El legislador de la UCR de Jujuy remarcó lo esencial del acceso a tales servicios y lo necesario de “evitar que la carga fiscal se convierta en un factor de exclusión”; “la eliminación, reducción y focalización del esquema de subsidios implementada por el Estado nacional en los últimos años implicó que una porción creciente del costo de los servicios se traslade a las facturas para los usuarios residenciales y productivos, y esa decisión, cualquiera sea su fundamento macroeconómico, agravó la capacidad de pago de las familias, de los pequeños comercios y de las pymes”.
Con el caso de Jujuy -en donde, entre otros datos, surge que la tarifa media se incrementó un 580%-, y señalando la consonancia con análisis nacionales, en los que surge que en similar periodo los subsidios registraron una disminución cercana al 39%, mientras que la canasta de servicios públicos residenciales acumuló incrementos próximos al 600%, Rizzotti señaló que “la consecuencia social de este proceso es el incremento en los atrasos en el pago, en los niveles de mora y la multiplicación de las situaciones de riesgo de corte de prestaciones esenciales”.
“Pero cuando se trata de electricidad y agua, la falta de pago no puede analizarse como una relación comercial simple ya que la interrupción de estos servicios compromete condiciones de salud, higiene, seguridad, educación y desarrollo personal; para el caso de las micro y pymes, compromete su continuidad misma”, destacó.
Rizzotti expuso así que mientras disminuye la participación estatal mediante subsidios directos, la incidencia del impuesto sobre consumos esenciales permanece inalterada, agravando la presión económica, y que, en ese marco, “la reducción del IVA es una herramienta eficaz, inmediata y de implementación sencilla para aliviar el costo final de los servicios públicos sin alterar las competencias regulatorias de las provincias ni modificar la estructura técnica de prestación de los servicios”.
La iniciativa de Rizzotti fue ingresada acompañada por los diputados Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Sergio Eduardo Capozzi, Esteban Paulon, José Núñez y Carolina Basualdo como cofirmantes.