La reforma constitucional impulsada en Jujuy durante la gestión del ex gobernador Gerardo Morales marcó un antes y un después en la historia institucional de la provincia.
Como en toda democracia madura, la discusión sobre cambios en la Constitución genera diversas posturas, algo que es natural y saludable. Sin embargo, el debate en torno a esta reforma ha sido desvirtuado por episodios de violencia y acusaciones que ponen en riesgo la convivencia pacífica y el respeto a las instituciones.
Recientemente, los diputados nacionales Leila Chaher y Guillermo Snopek, junto a Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria, se reunieron con cuatro de los diecinueve acusados por su participación en manifestaciones en contra de la reforma constitucional de Jujuy en 2023.
En este encuentro, los legisladores plantearon su preocupación por lo que consideran una persecución judicial hacia los opositores a la reforma. Sin embargo, es fundamental recordar que la Justicia tiene su curso y que los hechos de violencia, como la destrucción de bienes públicos y privados, no deben justificarse bajo la premisa de una protesta legítima.
La reforma constitucional representa un ejercicio soberano de las instituciones democráticas, cuyo objetivo es modernizar y adaptar las normativas a las necesidades actuales de la sociedad. Si bien puede haber disensos, estos deben ser canalizados a través de los mecanismos previstos por la misma democracia: como el diálogo, la participación ciudadana y, en última instancia, el respeto a las decisiones mayoritarias. Permitir que la violencia y el caos se impongan como herramientas de presión no solo desvirtúa el espíritu democrático, sino que afecta a toda la sociedad.
Es innegable que, durante las manifestaciones de junio de 2023, en las que participaron miles de jujeños, se vivieron momentos de tensión. Sin embargo, es importante distinguir entre las expresiones pacíficas y los actos vandálicos que se registraron, muchos de los cuales fueron perpetrados por grupos que buscaron imponer su visión de manera violenta. Estos episodios no pueden ser ignorados ni minimizados, ya que atentan contra el orden público y el bienestar de los ciudadanos.
El diputado Guillermo Snopek calificó la reforma como «un proceso de espaldas al pueblo», pero las cifras muestran que los canales institucionales fueron respetados, y las decisiones se tomaron dentro del marco legal. Las diferencias de opinión son parte del debate, pero esto no habilita a que algunos sectores recurran a la violencia o intenten deslegitimar el proceso.
En una sociedad democrática, las instituciones están diseñadas para canalizar las diferencias de manera civilizada y constructiva. Es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales garantizar que estas diferencias no deriven en enfrentamientos, ni en el uso de estrategias que socaven la convivencia.
El camino hacia una convivencia democrática no está exento de desafíos, pero el respeto a la ley, el fortalecimiento de las instituciones y el uso de los canales previstos por la Constitución son la única garantía para construir una sociedad más justa y equitativa. La reforma constitucional en Jujuy representa una oportunidad para reflexionar sobre estos valores y avanzar hacia un futuro donde las diferencias se resuelvan en un marco de paz y diálogo.
