Un nuevo informe revela que San Juan, Tucumán y Formosa no cuentan con leyes que aseguran la transparencia en las licitaciones. Además, alerta sobre la brecha digital y los riesgos de corrupción en varias jurisdicciones.
Ethix, la plataforma de inteligencia artificial especializada en procesos de licitación, presentó su informe anual 2023-2024 sobre el estado de la transparencia, digitalización y acceso a la información pública en las provincias argentinas.
En el estudio exponen desigualdades marcadas y alerta sobre los peligros que conlleva la opacidad en los procesos licitatorios.
Entre los principales resultados se encuentran que provincias como San Juan, Formosa y Tucumán no cuentan con leyes que garantizan el derecho ciudadano a acceder a información gubernamental. Otro dato significativo es que en más de la mitad de las provincias, los procesos siguen siendo manuales, dificultando el acceso, la auditoría y la participación ciudadana.
Las provincias mejor posicionadas en el ranking son aquellas que combinan normativa vigente, plataformas digitales activas y bajos índices de corrupción. Buenos Aires (CABA) y Mendoza se destacan por sus sistemas abiertos y auditables en tiempo real.
En cambio, Formosa y Chaco muestran los peores indicadores: Sin plataformas digitales funcionales, sin acceso garantizado a la información y con altos niveles de opacidad en las contrataciones.
“La tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para los gobiernos en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la transparencia en la gestión pública”, señala Iván Gauna, CEO de ETHIX. “Este informe busca arrojar luz sobre las prácticas actuales y fomentar un debate público sobre la necesidad de digitalizar y hacer más accesibles los procesos licitatorios”.
Iván Addolorato, CTO y cofundador de ETHIX, destaca el papel de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción: «La IA permite analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones que podrían pasar desapercibidos en los sistemas tradicionales. Esto representa una oportunidad única para garantizar que las decisiones en las licitaciones sean justas y objetivas».