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Protestas en Perú: amplían estado de emergencia en Lima y en dos regiones más
La presidenta Dina Boluarte facultó a las Fuerzas Armadas para que ayuden a mantener el orden público frente a protestas antigubernamentales que han dejado 42 muertos.
Un manifestante reacciona ante las fuerzas de seguridad mientras la gente protesta exigiendo la disolución del Congreso y elecciones democráticas, en rechazo a Dina Boluarte como presidenta de Perú
La presidenta de Perú Dina Boluarte amplió el estado de emergencia por 30 días en Lima y en las regiones andinas de Puno y Cusco, una medida que faculta a las Fuerzas Armadas a ayudar a mantener el orden público frente a protestas antigubernamentales que han dejado 42 muertos.
El decreto, emitido y firmado la noche del sábado por Boluarte, precisó que en Puno, donde se registró hace una semana casi la mitad de todos los fallecidos en las protestas tras violentos enfrentamientos con la policía, se impuso además un toque de queda por ocho horas durante 10 días.
El Gobierno había decretado el estado de emergencia por un mes a mediados de diciembre, poco después de que estallaran las protestas por la destitución y arresto del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.
En las manifestaciones se exige la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la redacción de una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva por 18 meses mientras lo investigan por “rebelión”.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo de visita en Perú hace unos días para hablar con los familiares de las víctimas, el Gobierno y organizaciones civiles exhortó al cese de la violencia y al diálogo en el país que, dijo, transita por una etapa “muy complicada”.
Las manifestaciones se han concentrado en las regiones mineras del sur de Perú, pero desde los últimos días miles de personas han salido además a las calles de Lima para protestar contra el Gobierno y reclamar un pronto adelanto de elecciones generales en busca de salir de la crisis.
“Perdón”
El sábado, los manifestantes marcharon por el distrito residencial de Miraflores en Lima, alzando banderas nacionales roja y blanca y bandera negra en señal de luto. Otra personas llevaban pancartas con lemas contra Boluarte.
“Es una hipócrita (Boluarte), porque por un lado dice perdón, perdón, pero no sale a dialogar, manda al policía a los militares a que vayan a matar, con perdigones”, dijo Tania Serra, durante la protesta, en la que por momentos los manifestantes chocaron a empujones con la policía.
La desaprobación a la gestión de Boluarte aumentó un poco según encuestas. Siete de cada 10 peruanos (el 71%) rechaza el gobierno de la presidenta, dijeron los sondeos de Ipsos Perú y del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicados el domingo, separadamente, en los diarios Perú 21 y La Republica.
Para Ipsos Perú un 20% aprueba la gestión de Boluarte y para IEP un 19% respalda a su gobierno, según sus sondeos de enero.
El viernes, la presidenta Boluarte pidió “perdón” por las decenas de muertos en las protestas, el peor brote de violencia que ha visto el país en más de veinte años.
La medida de emergencia por 30 días incluyó a la provincia constitucional del Callao, a la provincia de Andahuaylas de la región de Apurímac, a dos provincias de Madre de Dios, y a un distrito de la sueña de Moquegua, dijo el decreto.
Cusco, la capital turística de Perú que alberga la ciudad andina de Machu Picchu, fue afectada por bloqueos de carreteras que obligaron el cierre -por unos días-de su aeropuerto.
Hace unos días, la fiscalía anunció que abrió una investigación preliminar para identificar a los responsables de las muertes y de los cientos de heridos por las protestas en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac y Ucayali, que han sido los focos de los mayores disturbios, además de Lima.
Estas pesquisas marchan en paralelo a la investigación, también preliminar, anunciada asimismo por la fiscalía contra la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” en las protestas, en la que se incluyó a parte de su gabinete de ministros.
(NA)
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