Planes sociales: el Estado ahorraría unos $8000 millones si da de baja unos 400.000 que entrarán en revisión

12 / agosto / 2022 Politica

Si esa cifra se ratificara abarcaría al 30% de los Potenciar Trabajo que hay. Que el beneficiario no haga una contraprestación es causal de baja.

Las organizaciones sociales han realizado, en lo que va del año, varias movilizaciones pidiendo más planes

La semana próxima, según anunció Sergio Massa al asumir, comenzará la auditoría a los planes Potenciar Trabajo, que será la base para su reordenamiento. La estimación previa de fuentes gubernamentales es que se podrían revisar unos 400.000, es decir, el 30% de los 1,3 millones que existen. Sobre esa base, a valores de hoy, por mes se recortarían unos $8.800 millones. En el primer semestre, los planes se llevaron $639.146 millones en total, según datos oficiales.

El debate por los planes se da en medio del acampe de los piqueteros en Plaza de Mayo con reclamos dirigidos directamente a Sergio Massa. Las organizaciones sociales de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera no fueron recibidos por el ministro de Economía.

El anuncio de la auditoría no es nuevo; ya lo había hecho el ministerio de Desarrollo Social. Lo que se sumó ahora es un entrecruzamiento de datos con la Anses. La proyección de que unos 400.000 programas podrían tener causal de baja es de algunas fuentes que trabajan en el sector, pero que no dan mayores detalles respecto de por qué ese número.

Desde Desarrollo Social estiman que de cada 10 planes, ocho corresponden a unidades de gestión no gubernamentales. Además de los movimientos sociales hay organizaciones no gubernamentales.

Para las auditorías, los beneficiarios de Potenciar Trabajo deberán presentarse a los centros que se definan para ser encuestados en base a un formulario web; se les pedirán datos sobre lo que hacen en el marco del programa, si tienen otra actividad, dónde y cómo viven y a qué unidad de gestión reportan.

“Las auditorías llevan tiempo y para ser eficaces requieren de un ordenamiento previo, de contabilidad -dice Jorge Colina, director de la consultora Idesa-. Lo que este Gobierno le permitió montar a las agrupaciones piqueteras es importante y será muy difícil deshilvanar este enredo”. A su criterio, hablar de “auditorías” es una forma de “decir algo y no enojar mucho”.

Un trabajo de Idesa compara el primer semestre de este año con igual período de 2019. El gasto público nacional creció 20% por encima de la inflación, liderado por la expansión de los subsidios energéticos. En lo que hace a las transferencias monetarias a las familias, también se movieron por encima de la inflación: aumentaron 13% real en tres años.

Ese registro muestra comportamientos dispares entre los componentes. Siempre comparando los mismos períodos: las jubilaciones cayeron un 3% real; las asignaciones familiares (activos, pasivos y Asignación Universal por Hijo) subieron un 10% real mientras que los planes asistenciales se incrementaron 297% real. Ese segmento se multiplicó por cuatro.

Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero, en diálogo con Radio Mitre, dijo que “siempre han auditado; que auditen todo lo que quieran. Ninguna organización tiene ningún problema con las auditorías”. Incluso mencionó que hay planes que manejan otros ministerios, además de Desarrollo Social, “como el de Transporte”.

Insistió en que ya hay un cruce de datos que no permite cobrar “varios planes porque son incompatibles”. Por ejemplo, quien cobra “un Potenciar no puede recibir un plan porteño”. “Puede ser que haya 400.000 personas que no cumplan las condiciones que se exigen -admitió el líder del PO-. Por ejemplo, que no cumplan con las contraprestaciones exigidas”.

“Lo único que va a ocurrir con la auditoría es que los planes que están en una organización social vayan a los municipios para que los utilicen en la campaña electoral. Lo va a utilizar el intendente para tropas propias”, añadió.

Un estudio de la Fundación Éforo se concentra en la suba de las transferencias a personas y hogares ejecutadas por la Administración Pública Nacional entre 2007 y 2020 y concluye, por ejemplo, que el gasto en Seguridad Social aumenta de forma progresiva y continua desde 2007, “independientemente del contexto económico y de la gestión de gobierno”.

También observa que el crecimiento de los recursos públicos asignados a esa área es menor que el número de personas beneficiadas: “Una persona recibe más de un beneficio para compensar el escaso valor monetario real de estas transferencias”, sostiene.

(La Nacion)