En un comunicado conocido este miércoles, uno de los importantes dirigentes del Partido Justicialista hizo conocer su descargo sobre lo que viene sucediendo dentro del PJ jujeño.
Haciendo principalmente referencia a lo que viene generando desde los integrantes de la intervención partidaria en el Partido Justicialista de la provincia de Jujuy.
A la vez remarcó que estas disposiciones generan un escenario de incertidumbre que no contribuye a la normalización institucional que se necesita. Además de otorgando plazos extremadamente breves para ejercer el derecho a defensa de quienes fueron sancionados.
El comunicado:
En mi doble carácter de ciudadano comprometido con el desarrollo productivo de la provincia de Jujuy y afiliado de larga trayectoria en el Partido Justicialista, considero necesario expresar mi profunda preocupación institucional ante el dictado de la Resolución N.º 02/2026 por parte de la intervención del Partido Justicialista Distrito Jujuy. Desde mi formación como abogado y mi trayectoria en ámbitos institucionales, he aprendido que la estabilidad, la previsibilidad y el respeto por las reglas son condiciones indispensables para cualquier proceso de crecimiento, tanto en el ámbito productivo como en el político. Cuando esas reglas se alteran sin consenso ni garantías, lo que se resiente no es solo una organización, sino la confianza colectiva. En este marco, las medidas adoptadas por los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez generan un escenario de incertidumbre que no contribuye a la normalización institucional que nuestro partido necesita.
La resolución dispone la apertura de procedimientos disciplinarios y la suspensión preventiva de la afiliación de numerosos dirigentes, otorgando plazos extremadamente breves para ejercer el derecho a defensa. Desde una mirada jurídica, procesos de esta magnitud requieren notificaciones fehacientes, acceso pleno a la acusación y tiempos razonables, elementos esenciales del debido proceso que hoy aparecen seriamente comprometidos. Más aún, se fundamenta la sanción de afiliados, entre los que me encuentro. Pretender sancionar decisiones políticas adoptadas en el ámbito institucional del Estado no solo resulta jurídicamente cuestionable, sino que debilita el principio mismo de la representación democrática.
Si bien se invoca la defensa de la identidad política y la disciplina orgánica conforme a la Carta Orgánica del partido, estas normas solo adquieren legitimidad cuando se aplican con criterios objetivos, equitativos y no selectivos. De lo contrario, dejan de ser herramientas de orden y se convierten en factores de división. A ello se suma la decisión de dejar sin efecto el proceso electoral en curso y convocar a nuevas elecciones luego de suspender a una amplia cantidad de dirigentes con representación territorial, lo cual impacta negativamente en la democracia interna y profundiza el distanciamiento entre el partido y su base militante.
La historia política nos enseña que la fortaleza de las instituciones no se mide por su capacidad de sancionar, sino por su capacidad de integrar. Como advertía Montesquieu, “no hay mayor tiranía que la que se ejerce al amparo de la ley y bajo el calor de la justicia”. Esta reflexión cobra especial vigencia cuando las normas partidarias se aplican sin diálogo, sin consenso y sin una mirada estratégica sobre el futuro del movimiento.
Como hombre de derecho y representante de un sector productivo estratégico para la provincia, creo firmemente que la política debe ser una herramienta de organización, inclusión y construcción colectiva, y no un mecanismo de exclusión ni de disciplinamiento interno. El Partido Justicialista de Jujuy necesita recuperar su rol histórico como espacio de síntesis, donde las diferencias se resuelvan mediante el debate político y la participación, y no a través de sanciones generalizadas que terminan distorsionando el padrón y debilitando la voluntad de los afiliados.
Frente a este escenario, resulta imprescindible abrir un camino superador que permita reconstruir la institucionalidad del partido sobre bases sólidas y democráticas. Ello implica promover un diálogo amplio y genuino entre todos los sectores del justicialismo jujeño, garantizar el pleno respeto al debido proceso en cualquier actuación disciplinaria y reorientar la agenda partidaria hacia los verdaderos desafíos de la provincia: la producción, el trabajo, el desarrollo de las economías regionales y la inclusión social. Solo así el PJ podrá volver a ser una herramienta política al servicio del pueblo jujeño, y no un espacio atrapado en disputas internas que lo alejan de las demandas reales de la sociedad.
Mi compromiso con el Partido Justicialista y con Jujuy permanece intacto. Creo en un peronismo con instituciones fuertes, reglas claras y participación real, capaz de ofrecer respuestas y esperanza en un contexto social y económico complejo. Ese es el desafío que debemos asumir con responsabilidad, coherencia y vocación de futuro.
Dr. Pedro Pascuttini
Abogado – Afiliado Justicialista