La estafa millonaria tenía antecedentes en Tucumán y dejó $8.500 millones en deudas en Salta.
Una compleja trama de fraude inmobiliario y defraudación financiera envuelve a la Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones, un grupo societario que dejó a más de 400 afectados en Salta, con obras inconclusas y pérdidas millonarias.
La investigación apunta a un esquema similar al que en 2010 fue denunciado en Tucumán, en la causa que involucró al empresario Jorge Alejandro Rigourd, considerado responsable de «la mayor estafa de la historia» en esa provincia.
El 26 de julio de 2010, Rigourd fundó en Salta la Compañía Privada de Finanzas e Inversiones (Cofinsa) junto a Hugo Roberto Ibarra y María Mercedes Ibarra, con sede en Leguizamón 753. Rigourd poseía el 50% de las acciones, mientras que los Ibarra compartían el resto.
En 2015, la firma cambió de nombre a Compañía de Desarrollo e Inversiones, negando actividades financieras. Sin embargo, la empresa multiplicó fideicomisos inmobiliarios desde 2016, dejando a inversores sin propiedades ni devoluciones de dinero.
Bajo la administración de María Mercedes Ibarra, la compañía lanzó proyectos como: Edificio Vento (Ameghino 423), Edificio Style (Pasaje Arteaga), Loteo La Eulogia, La Jacinta y La Carlota.
Los afectados invertían en dólares, con la promesa de ganancias en 24 meses o metros cuadrados construidos. Sin embargo, la empresa dejó obras a medias y entró en cesación de pagos en 2019, pese a seguir captando fondos hasta poco antes de su concurso en agosto de 2022.
Las denuncias contra Ibarra incluyen estafa, administración fraudulenta y retención indebida. En 2022, allanamientos en sus oficinas y propiedades en Castellanos y San Lorenzo permitieron secuestrar divisas y documentos probatorios.
Para entonces, la empresa registraba 1.094 cheques rechazados y acumulaba deudas por más de $8.500 millones, con más de 300 acreedores certificados en su quiebra, declarada en septiembre de 2024, según informó El Tribuno de Salta.
El 12 de noviembre de 2014, Rigourd fue detenido en Tucumán, acusado de liderar una estructura similar con su empresa Compañía Privada de Finanzas e Inversiones (Cofin). Más de 400 inversores denunciaron pérdidas millonarias. Aunque fue excarcelado y posteriormente sobreseído, el caso derivó en la renuncia del fiscal Guillermo Herrera, quien falleció en el ostracismo en 2023.
En contraste, en Salta la causa penal avanza con notable lentitud, lo que genera indignación entre los damnificados. Las víctimas aún esperan justicia y la recuperación de sus inversiones.