La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar la Agrupación VI “Formosa” de la Gendarmería Nacional Argentina profundizó las críticas por el impacto que tendrá en la seguridad de una de las fronteras más sensibles del país.
A través de un acto administrativo, la gestión nacional dispuso la suspensión del funcionamiento de esta estructura clave, cuyos recursos pasarán a depender de jefaturas regionales.
En términos concretos, Formosa pierde una unidad con autonomía operativa, planificación propia y capacidad de despliegue territorial, lo que representa un retroceso en el control de frontera.
Aunque desde el Gobierno se intenta justificar la medida con la creación del Escuadrón Reforzado 73 “Formosa”, lo cierto es que se trata de una estructura de menor jerarquía, con dependencia directa de la Región VIII, lo que limita su capacidad de decisión y respuesta en el terreno.
La Agrupación VI era una pieza estratégica en la lucha contra delitos federales como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Su eliminación, lejos de fortalecer la seguridad como sostiene el discurso oficial, implica una reducción del Estado en zonas críticas, dejando a la provincia en una situación de mayor vulnerabilidad.
Distintos sectores advierten que esta política contradice el planteo de “mano dura” que impulsa el propio presidente, ya que en los hechos se desmantelan estructuras operativas en territorios donde la presencia de fuerzas federales resulta indispensable.
La falta de explicaciones claras sobre cómo se compensará esta pérdida refuerza las críticas y abre interrogantes sobre el verdadero alcance del plan de seguridad del Gobierno nacional, que en este caso impacta de lleno en Formosa y su frontera internacional.
(Diario Frontera)
