El FISU fue creado como instrumento central para implementar la Ley 27.453, sancionada en 2018 con amplio apoyo del Congreso de la Nación.
El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dejando sin acceso a derechos básicos como vivienda adecuada, agua potable, cloacas, electricidad segura o calles pavimentadas a más de 5 millones de personas que viven en barrios populares.
Su objetivo fue llevar obras de integración socio urbana a los más de 5.600 barrios registrados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares). Este consenso institucional permitió consolidar uno de los programas de política territorial más relevantes de las últimas décadas.
Desde 2020, el fondo se financió principalmente con el 9% de lo recaudado por el Impuesto País, según lo establecido por el artículo 7° del Decreto 88/2020. Sin embargo, en diciembre de 2023, el Gobierno Nacional redujo esa asignación al 0,3%. Esta decisión provocó la paralización de más de 700 obras en todo el país, el deterioro de infraestructura ya construida —con pérdidas millonarias de recursos públicos— y la interrupción de trabajo para más de 25.000 personas, en su mayoría trabajadores de cooperativas de la economía popular.
El FISU estuvo bajo la órbita de la Secretaría de Integración Socio Urbana, trasladada en 2024 al Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo. Aunque funcionarios del actual gobierno reconocieron que la Secretaría tuvo un funcionamiento eficaz, en lo que va de 2025 se sub-ejecutó más del 90% del presupuesto disponible.
La política de integración socio urbana fue auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), universidades nacionales y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Toda la información sobre su implementación es pública, accesible y, según estas auditorías, no se registraron observaciones por malversación de fondos ni irregularidades.
El FISU representó un acuerdo democrático inédito en la historia reciente del país: una política impulsada desde los barrios, reconocida institucionalmente, sostenida a lo largo de distintas gestiones y con impactos concretos en la mejora de la calidad de vida de los sectores más postergados.
En el marco de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo establece el cierre de todos los fondos fiduciarios, incluido el FISU. El Gobierno Nacional, en una clara muestra de sometimiento y falta de soberanía, ha acatado esta orden, sacrificando un programa fundamental para los barrios populares. Esto no solo vulnera el acceso a derechos básicos, sino que se están apropiando de los fondos que deberían garantizar condiciones de vida dignas para millones de argentinos.
Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares denunciaron que el cierre del FISU y, en consecuencia, el freno a las políticas de integración socio urbana, tiene un impacto directo e irreversible en la vida de 5 millones de personas en situación de pobreza. Exigieron su inmediata reactivación y la restitución de los fondos necesarios para continuar garantizando condiciones de vida dignas para quienes representan al menos el 10% de la población argentina.