12 / abril / 2023 El Mundo
Un proyecto de ley en Bolivia que prevé penas de hasta 7 años para periodistas que practican discursos considerados “de odio” preocupa a la prensa.
El año pasado luego del fallido atentado a Cristina Kirchner, el oficialismo coqueteó con la posibilidad de trabajar en una ley para regular los “discursos del odio”, tras apuntar contra los medios y dirigentes políticos opositores. En Venezuela ya rige una norma; Bolivia se prepara.
En el país, se discute, por estas horas, un proyecto de ley que amenazaría con cárcel a los comunicadores, tal como sucede en la nación administrada por Nicolás Maduro -Ley del odio por la convivencia pacífica y la tolerancia (curiosamente no respeta opiniones ajenas y diversas y prevé 20 años de prisión por una opinión contraria al poder oficial ). El kirchnerismo a través de el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) José Mayans y la polémica ex titular del INADI Victoria Donda también lo pidieron.
El problema de las fake news, la desinformación y la formulación de prejuicios que convergen en la discriminación, motiva un debate interesante pero las soluciones simplistas y la hipersensibilidad actual, que no deja lugar a las bromas políticas, no asegurará un periodismo crítico, racional, ideal.
¿Quién decide en los discursos políticos qué es el odio o qué no? ¿Toda crítica hacia las ideas o creencias de otra es violenta u “odio”? De aprobarse, la ley sería enteramente favorable para el poder oficial y desfavorable para el sector opositor. Eso ya sucede en Venezuela.
Carlos Correa, director de la ONG espacio público (organismo que registra a todos los presos por la ley del odio), en una entrevista con TN en septiembre pasado) repudió la ley vigente en Venezuela y ejemplificó los peligros de su aplicación.
Entre ellos había señalado que no cabía lugar para el humor político y diversidad de opiniones. Por ejemplo se intentó aplicar a una parodia de unos bomberos que criticaron al presidente Maduro, y a un poeta que manifestó su disconformidad con el gobierno y contra líderes sindicales. Algunas de ellas estaban sometidos a procesos judiciales.
Caso Bolivia
Este miércoles (12/04) la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) alertó a ciudadanos que ”dos proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional intentan suprimir la libertad de expresión”.
Una es la “regulación de las redes sociales” y la otra una “propuesta para incrementar la pena de cárcel de cinco a siete años para medios y periodistas que difundan supuestos mensajes racistas”, que, según ellos, “representan un mensaje de amedrentamiento a la labor informativa”.
“Un análisis simple lleva a concluir que existe el interés por restringir las opiniones libres, evitar los reclamos y demandas sobre temas cotidianos e impedir las protestas. De ese modo se buscaría imponer una narrativa oficial y aplicar un castigo a los ciudadanos que la cuestionen”.
Jorge Carrasco, presidente de la entidad, indicó que esta legislación busca usar el ámbito penal para acallar opiniones diferentes al gobierno. “La idea es perseguir a medios y periodistas independientes”, manifestó preocupado, en diálogo con CNN.
Se trata del proyecto de ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que propone cárcel de 3 a 7 años a quien difunda ideas basadas en superioridad racial, o a quien promocione el racismo como forma de discriminación, o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas.
Y detalla: “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
(Urgente24)
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