La violencia sexual contra los niños y niñas es una de las seis violaciones graves identificadas y denunciadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el marco de su estrategia para supervisar y responder a los abusos cometidos en los conflictos armados.
En los conflictos actuales, la violencia sexual es cada vez más frecuente y suele producirse en entornos donde el Estado de derecho se ha desmoronado. A menudo se emplea deliberadamente como táctica de guerra para aterrorizar a las comunidades, forzar el desplazamiento o ejercer control sobre la población.
Tanto las niñas como los niños sufren sus consecuencias, aunque sus experiencias suelen pasar desapercibidas o se malinterpretan. En algunos contextos, las prácticas nocivas explotan a los niños de forma sistemática, lo que refleja el fracaso de las instituciones destinadas a protegerlos.
Secuelas imborrables y la búsqueda de justicia
Los efectos de la violencia sexual en los niños y niñas son devastadores y tienen secuelas para toda la vida. Los supervivientes suelen sufrir traumas psicológicos graves, además del daño físico, como infecciones de transmisión sexual y embarazos precoces.
El estigma social agrava aún más estos daños, especialmente para las niñas ligadas a grupos armados, lo que hace que su reintegración en sus comunidades resulte extremadamente difícil. Las madres jóvenes y los niños nacidos de una violación están más expuestos a la explotación, incluida la trata y el trabajo forzoso.
Consecuencias y responsabilidad jurídica
El derecho internacional prohíbe claramente la violencia sexual contra los niños. Estos actos constituyen graves violaciones de los derechos humanos y pueden constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La resolución 1882 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas considera la violencia sexual contra los niños como una cuestión prioritaria y exige planes de acción concretos para abordarla. La resolución sirve también para incluir a los autores en listas de personas sancionadas, reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y fortalecer los esfuerzos mundiales para proteger a los niños en situaciones de conflicto armado.
Antecedentes
Definición y prevalencia
La «violencia sexual relacionada con los conflictos» abarca las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada y cualquier otro acto de grave violencia sexual contra mujeres, hombres o niños que tienen una vinculación directa o indirecta con un conflicto.
Una preocupación constante es que el miedo y el estigma cultural convergen para que la inmensa mayoría de los supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos no denuncien esa violencia. Los profesionales sobre el terreno estiman que por cada violación denunciada en relación con un conflicto, hay entre 10 y 20 casos que quedan sin documentar.
Resoluciones de la ONU
En junio de 2015, la Asamblea General proclamó, en su resolución A/RES/69/293, el 19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo y rendir homenaje a todos quienes han dedicado su vida con valentía a la lucha para erradicar estos delitos y han perdido la vida en esa empresa.
La fecha fue elegida para conmemorar la adopción de la resolución 1820 del Consejo de Seguridad, el 19 de junio de 2008, en la que el Consejo condenó la violencia sexual como táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz.
En respuesta al aumento del extremismo violento, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución S/RES/2331 (2016), la primera para abordar el nexo entre la trata de personas, la violencia sexual, el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. Reconociendo la violencia sexual como una táctica de terrorismo, afirmó además que las víctimas de la trata y la violencia sexual cometidas por grupos terroristas deberían ser elegibles para la reparación oficial que se concede a las víctimas del terrorismo.
(Naciones Unidas)