El fallo le permite tomar decisiones sobre salud, educación y viajes sin autorización del progenitor, tras comprobar incumplimiento alimentario y falta de vínculo. El caso reabre el debate sobre la llamada “Ley Cazzu”.
La Justicia de Jujuy resolvió quitarle al padre la responsabilidad parental y otorgar a la madre la guarda exclusiva de su hija, luego de comprobar el incumplimiento de la cuota alimentaria y la ausencia de participación en la crianza.
El fallo fue dictado por la Sala I, Vocalía 2, en una causa donde la representación legal de la mujer sostuvo que el progenitor no solo dejó de cumplir con sus obligaciones económicas, sino que además se desentendió del cuidado de la niña desde el inicio.
A partir de esta decisión, la madre queda habilitada a tomar en forma exclusiva decisiones sobre la salud, la educación y los viajes de su hija, sin necesidad de autorización judicial ni del padre, como ocurría hasta ahora.
La abogada de la mujer, Ailén Armada, destacó el impacto de la medida al afirmar que “es muy importante que ahora ella no tenga que recurrir a la Justicia o a una autorización siempre”, ya que simplifica la vida cotidiana de la familia.
El conflicto se originó en 2024, cuando el hombre pidió una prueba de ADN, reconoció a la niña y asumió compromisos de contacto y cuota alimentaria. Sin embargo, con el avance del expediente, incumplió esos acuerdos y dejó de vincularse con su hija.
Según la defensa de la madre, en una audiencia el progenitor reconoció la deuda alimentaria y manifestó que no quería mantener contacto con la menor, lo que derivó en su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios.
Qué es la «Ley Cazzu»
El caso fue vinculado al debate conocido como “Ley Cazzu”. Se trata de una iniciativa legislativa impulsada en México, inspirada en la situación de la cantante argentina Cazzu —Julieta Cazzuchelli— en su conflicto con el músico Christian Nodal por los permisos de viaje de su hija Inti.
La propuesta busca que, en casos de abandono o incumplimiento parental comprobado, el progenitor conviviente pueda tomar decisiones clave sin depender de la firma del otro, especialmente para trámites de movilidad o viajes.
Cabe destacar que en la Argentina, al momento, no existe una norma de ese tipo, por lo que estos conflictos se resuelven judicialmente en cada caso.