La diputada Claudia Sánchez pide declarar emergencia en materia de bullying en Jujuy

La diputada provincial por el Bloque Justicialista, Claudia Sánchez, presentó un proyecto de ley para que la provincia de Jujuy declare la emergencia por Acoso Escolar (Bullying) en todo el territorio provincial.

Diputada provincial Claudia Sánchez

La legisladora indicó que es necesario que se declare la emergencia provincial en materia de bullying, violencia escolar y acoso entre pares en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto de gestión pública como privada.

Esta tendría el término de dos años, con posibilidad de prórroga, a fin de promover acciones urgentes, preventivas y correctivas frente a la gravedad de la problemática.

Sánchez indicó que esta iniciativa surge ante la creciente preocupación social derivada del incremento de situaciones de violencia entre pares dentro del ámbito escolar, lo que afecta gravemente a niñas, niños y adolescentes en su integridad física, psíquica y emocional. “Estudios e informes relevados por distintos medios y organizaciones confirman que más del 43% de los estudiantes en Jujuy consideran que la convivencia escolar es negativa, posicionando a la provincia entre las más afectadas del país.”

Sánchez afirmó que el objeto del proyecto presentado es promover y garantizar entornos escolares libres de violencia, con pleno respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante políticas de prevención, detección, intervención y acompañamiento integral ante situaciones de acoso escolar ante la urgencia del contexto actual.

“Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy en articulación con los ministerios de Salud, de Desarrollo Humano, y organismos especializados en niñez, adolescencia y derechos humanos” destacó.

La legisladora señaló que se debe desarrollar un plan provincial integral contra el bullying, que incluirá un relevamiento de casos, la creación de gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, establecer un protocolo único de intervención, desarrollar campañas de concientización social, formación obligatoria para docentes y equipos escolares, inclusión de contenidos específicos en la currícula escolar y la creación de una línea telefónica gratuita y confidencial para denuncias y orientación.

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