El descreimiento social de la Justicia positiva, según los grandes doctrinarios de nivel internacional, es un sistema arcaico que está tocando fondo, la justicia en la provincia de Jujuy es el último amparo de los sistemas monárquicos que reina en un país que no tiene rey.
La justicia debe ser democratizada, los jueces o las instituciones que las designan deberían ser elegidos por el voto popular garantizándose la participación ciudadana, al igual que el resto de los cargos públicos electivos legislativos y ejecutivos.
Esta reforma judicial va a contribuir a la independencia judicial plena, el respeto por el estado de derecho al tomar participación directa la ciudadanía y tener una democracia integral y un sistema judicial sólido, priorizando la carrera judicial de los jueces inferiores en cumplimiento del principio de idoneidad en los cargos públicos y la experiencia.
La vida, la libertad, el patrimonio y la familia del pueblo está en manos de una institución cuyo descrédito ha colmado la paciencia de la sociedad. La última reforma parcial de nuestra constitución provincial sólo modificó el número de miembros, el sistema para la designación de jueces sigue siendo igual.
Esto es, propuesto por el gobernador de turno y aceptado por el poder legislativo, dividiéndose los cargos judiciales según la militancia política de los pliegos que llegan a los despachos, esto no tiene nada de independiente.
Justamente el término independencia en su significado más estricto es la libertad o el estado de no depender de otro, y contrariamente a la creación y designación de los miembros del más alto tribunal depende exclusivamente de un gobernador.
Para ser más claro, esta línea de pensamiento no es contraria a los miembros del poder judicial y/o la justicia, sino a favor de la transparencia, es en contra de la forma de designación de los jueces, que nace a partir del procedimiento previsto en nuestra carta magna, la intromisión del poder ejecutivo y el legislativo.
La propuesta de democratizar la corte suprema de justicia no es más que transparentar un proceso que de hecho se desarrolla desde que la institución fue incorporada como poder del estado.
Nadie, ningún habitante de la provincia y de la nación cree que los miembros del alto poder judicial sea de verdad independiente, todos formaron parte de partidos políticos, militancia, dirigentes, legisladores, candidatos a gobernadores, por lo tanto pretender que de un momento a otro dejen de tener una inclinación política va en contra de la naturaleza humana y del propio razonamiento lógico y social.
Este es uno de los argumentos por el cual sostengo firmemente que la designación de los jueces de la corte suprema de justicia de Jujuy ha llegado a su fin respecto de la credibilidad y por tal motivo debe ser reformado.
Para ello el próximo gobierno deberá proponer una reforma parcial de la constitución y crear el procedimiento por el cual se elegirán dichos jueces entre otras modificaciones. El tiempo en el ejercicio de las funciones también debería dejar de ser permanente o perpetuo, sino que por lo contrario ejercer las funciones por el término de 4 a 6 seis años, siendo estos los plazos de duración de la mayoría de causas judiciales.
Otra de las cuestiones a tratar independientemente de la participación ciudadana en la elección de jueces es “la erradicación de la utilización del sistema penal como instrumento de persecución política y de criminalización. Esto no solo afecta hoy a dirigentes sociales, originarios, campesinos y referentes de organizaciones territoriales y de base (como presenciamos actualmente en cada rincón del país, desde Jujuy hasta la Patagonia), sino que funciona también como una estrategia regional y geopolítica de proscripción y exclusión de la contienda electoral y de la incidencia en la vida política de los y las dirigentes del campo popular”.
La Corte Suprema de Justicia atiende los recursos de inconstitucionalidad entre otros, pero particularmente estas causas tienen por objetivo de una parte por lo menos declarar una sentencia de tribunal inferior contraria a derecho o a la jerarquía de la ley, en su gran mayoría opinar sobre la validez de una norma sea esta una ley, decreto o resolución administrativa, tiene una inclinación política, nadie puede prescindir de esto último, ni siquiera los jueces, este es otro de los motivos por el que al fallar y en uso de la sana crítica racional deberán sentar los precedentes, para que los inferiores apliquen dichos argumentos.
Ya lo mencionan y estudian los sectores sociales que “la implementación requerirá del consenso con diferentes actores de otros poderes así como también de aquellos que se encuentran involucrados en el sistema judicial, pero también del acompañamiento del pueblo a través de la movilización popular” y la debida información “todo a fin de garantizar el estado de derecho”.
A estos argumentos y opinión sobre lo frágil de la confianza en la justicia se suman a la necesidad de escuchar a la sociedad, los reclamos son muy complejos y existe un índice de desconfianza y crítica basada en el armado judicial para garantizar el nepotismo y la impunidad pero no de la justicia en sí misma, sino de los legisladores y gobernantes que logran acuerdos para ponerlos en funciones. No se percibe en el sistema judicial la garantía del cumplimiento de los derechos y necesidades de la comunidad, hay una distancia enorme entre los justiciables, víctimas y actores con el poder judicial.
El poder judicial es uno de los pilares para erradicar la corrupción de nuestro sistema político jujeño, transparentar el funcionamiento es fundamental para tener una justicia de calidad y consecuentemente brindar calidad de vida a la sociedad jujeña. Es imprescindible comenzar a debatir con propuestas el paso a la democratización del sistema judicial, con diferentes ideas, herramientas, tecnologías, incluso otras propuestas pero que tengan como base la participación ciudadana para poner fin de una vez a la corrupción y los pactos espurios entre gobiernos y legisladores.
Federico I. Mendoza
Abogado
Dirigente Social