Un siniestro vial dejo al descubierto un hecho de delictual.
Otro escándalo en la Policía de Jujuy, dado que un jefe andaba en una camioneta «secuestrada», en su día de franco. El siniestro vial reveló que el policia manejaba un vehículo a cargo del Estado como si fuera propio.
Un choque en cadena registrado sobre la Ruta 66, a metros de la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy, abrió un nuevo caso de polémica dentro de la fuerza. El jefe policial conducía una camioneta oficial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mientras estaba de franco, lo que encendió sospechas de uso indebido de bienes públicos.
Una colisión que dejó algo más que vehículos dañados ya que el accidente, que involucró al menos tres camionetas, provocó el corte total de la calzada y un desvío de tránsito hacia la Ruta Provincial 1. Personal de Bomberos, Seguridad Vial y SAME trabajó en el lugar mientras se realizaban las pericias. Los test de alcoholemia a los conductores dieron resultado negativo.
Sin embargo, lo que convirtió a este accidente en un verdadero escándalo fue la situación de una Toyota Hilux gris, uno de los vehículos siniestrados. Según la información oficial, la unidad estaba bajo depósito judicial, había sido secuestrada por la Fiscalía contra los Delitos Económicos y luego entregada a la Policía para uso estrictamente institucional.
Pese a esa reglamentación -que prohíbe expresamente su utilización particular- la camioneta era manejada por un comisario que se encontraba de franco, viajando desde San Pedro de Jujuy hacia su puesto en la Brigada de Narcotráfico. Una situación incompatible con las normas del MPA.
Una práctica que no sería aislada
El hallazgo dejó al descubierto un presunto uso personal habitual del vehículo, contradiciendo la función judicial y operativa para la que fue asignado.
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, este tipo de maniobras no serían un caso aislado dentro de la fuerza, lo que refuerza las sospechas de malas prácticas con vehículos secuestrados.
La utilización irregular de unidades oficiales no solo vulnera la normativa, sino que también erosiona la transparencia institucional y el correcto manejo del patrimonio del Estado. Se espera que, tras este episodio, el MPA avance con investigaciones y sanciones por el presunto uso indebido del rodado.
Por: Rolando Clavijo