Los últimos días se consiguió la nulidad dictada por la jueza de garantías de la provincia de Jujuy y confirmó la validez del procedimiento mediante el cual se secuestraron 478 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dicha ciudad.
Luego de declarar válido un secuestro de casi media tonelada de cocaína efectuado en La Quiaca, la oficina de prensa del MPA realizó una entrevista al Dr. Omar Mendivil, fiscal a cargo de la dependencia del Ministerio en la localidad de La Quiaca.
Doctor, ¿qué significó para el MPA la validación de la ejecución del operativo en el que se logró sacar de circulación casi media tonelada de clorhidrato de cocaína el pasado 20 de junio de 2025 y, particularmente, para usted, siendo el coordinador del equipo que estuvo a cargo del procedimiento?
— Más que lo que significó para el MPA, creo que tiene una gran trascendencia e importancia para la sociedad en su conjunto un fallo de esta naturaleza. Es un claro mensaje para la sociedad en general y, en particular, para quienes se dedican a la actividad del narcotráfico. Es un fenómeno complejo, interprovincial y transnacional. Por lo tanto, este fallo confirma que la lucha contra el narcotráfico debe ser conjunta, coordinada entre todas las jurisdicciones, provincial y federal. Es la única manera de dar respuestas a la gente ante un fenómeno delictivo tan complejo.
Considerando la importancia estratégica del asentamiento de la Fiscalía en La Quiaca, de la cual usted es el representante y la cara visible, ¿cómo evalúa el accionar del MPA respecto a las situaciones que atraviesa la sociedad y que se expresan, lógicamente, a través de las consultas volcadas al organismo?
— La Fiscalía de La Quiaca obedeció a una planificación estratégica en este nuevo paradigma y modelo del sistema acusatorio adversarial que rige en nuestra provincia desde hace diez años. Se trata de una zona de frontera con una problemática y fenómenos delictivos distintos. La Fiscalía vino a visibilizar delitos o hechos que permanecían en silencio. La decisión del Procurador General, Dr. Sergio Lello Sánchez, de descentralizar y estar presentes en la frontera fue clave, con la visión de un trabajo coordinado y conjunto con las fuerzas de seguridad.
Doctor, ¿cómo ve el trabajo mancomunado entre el MPA y el fuero federal cuando, como en este caso, se avala el accionar de las fiscalías provinciales?
— El fallo de la Cámara Federal de Salta ratifica la validez de las actuaciones e investigaciones del MPA, de la Policía Provincial y de las resoluciones de un juez provincial, lo cual tiene como sustento la Constitución Nacional y hace a la existencia misma de la República. En una materia tan sensible como lo es el narcotráfico, fenómeno complejo y dinámico, las bandas delictivas que se dedican a ello mutan, se adaptan y cambian sus modalidades delictivas. Lo más lógico —y de hecho es así— es que las distintas jurisdicciones, federal y provincial, trabajen de manera conjunta y coordinada, utilizando las herramientas que la ley pone a su alcance, por ejemplo, los equipos conjuntos de investigación. Esa es la manera de dar respuesta a la sociedad.
Por último, doctor, el trabajo del Ministerio Público de la Acusación en el interior de la provincia y la descentralización de sus servicios son una apuesta importante del organismo para estar más cerca y brindar justicia de calidad. ¿Existen otras herramientas de las cuales puede hacer uso el ciudadano (buzones de denuncias, CAV)?
— Si usted observa un mapa de la provincia en lo que respecta a la presencia de fiscalías, ayudantes fiscales y oficinas del MPA en los últimos diez años, se dará cuenta de que antes solo había fiscales penales en la capital y en una u otra localidad. Hoy esa presencia se extiende a toda la provincia, llegando prácticamente a todos los rincones. Esto se traduce en una efectiva tutela judicial, tal como lo mandan la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
Los buzones de denuncias anónimas son una excelente y eficaz herramienta para canalizar la notitia criminis (conocimiento del delito) en materia de narcotráfico y narcomenudeo. El vecino tiene garantizado el anonimato.