Una explosiva denuncia penal contra el diputado nacional libertario Manuel Quintar y su entorno más cercano lo deja fuera de la carrera por el control de la obra social OSPRERA, según reveló en exclusiva InfoGremiales.
La presentación judicial alcanza a su cónyuge Natalia Carolina Castillo, su prima Analía Quintar, el funcionario nacional Roque Cecilio Pereyra, el médico Pablo Gustavo Perovic y el titular del PAMI Jujuy, Evaristo Bautista.
A todos ellos se los acusa de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, delitos que habrían sido cometidos en perjuicio de la Administración Pública Nacional mediante el manejo irregular de fondos en organismos nacionales con asiento en Jujuy.
Según la denuncia, el legislador habría armado un sistema de contrataciones direccionadas con la participación de familiares y allegados políticos, violando la Ley 25.188 de Ética Pública, las normas sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) y la legislación penal vigente.
El eje del escándalo gira en torno a “la posible existencia de un entramado societario y funcional conformado por familiares directos y colaboradores políticos del diputado Quintar, orientado a obtener contrataciones irregulares con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”, tal como detalla el escrito presentado ante la Justicia.
La acusación se produce en momentos en que Quintar buscaba quedarse con el control de la intervenida OSPRERA, desplazando al actual interventor Marcelo Petroni, quien también arrastra cuestionamientos por contratos con los Menem y el laboratorio Suizo Argentino. La versión que circulaba en despachos políticos señalaba que Quintar intentaba ubicar como nuevo interventor a Juan Ignacio Macedo Moresi, funcionario que cobraba simultáneamente de OSPRERA y del PAMI, con el aval del ministro de Salud Mario Lugones, apuntando a controlar las contrataciones y proveedores de una de las obras sociales más grandes del país.
Pero la investigación judicial parece haber desarticulado ese plan político. Según InfoGremiales, la denuncia apunta a un esquema sistemático de direccionamiento de fondos y prestaciones médicas, en beneficio del entorno de Quintar, lo que podría configurar un caso de corrupción estructurada dentro del sistema de salud nacional con ramificaciones en Jujuy.
La figura del diputado libertario ya venía siendo cuestionada. Hace pocas semanas, Luciano Lezcano, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL), lo acusó públicamente de intentar sobornarlo para cerrar acuerdos con la obra social. “Me ofreció plata si arreglaba. Dije que no, porque es un acuerdo negativo para nuestra gente. Entonces me amenazó con la intervención y después con que conocía a mis hermanos. Prácticas mafiosas…”, denunció el gremialista en declaraciones radiales.
Lezcano también confirmó que presentó una denuncia penal por malversación de fondos, involucrando tanto a Quintar como a la gestión anterior de la obra social azucarera. Según su testimonio, el diputado buscaba quedarse con la clínica y el manejo total de las prestaciones médicas para imponer un monopolio sanitario en la región.
En ese contexto, la causa penal que ahora avanza en la Justicia no solo compromete la imagen del legislador libertario, sino que reconfigura el escenario político y gremial en Jujuy. El bloque libertario provincial, que intentaba consolidarse como alternativa con discurso de transparencia, enfrenta su crisis más seria desde su desembarco político en el norte del país.
Mientras tanto, los movimientos judiciales comienzan a repercutir en la estructura nacional de salud, donde la figura del ministro Mario Lugones y otros funcionarios cercanos podrían quedar bajo la lupa. Con los hechos denunciados, el proyecto político de Quintar parece haber quedado fuera de juego, y la pregunta que resuena en Jujuy es si la justicia avanzará hasta el fondo de la red de influencias que mezcla política, familia y dinero público.