La diputada nacional de la UCR-Provincias Unidas advirtió sobre el procedimiento irregular del oficialismo para introducir un nuevo proyecto en el plenario de Comisiones. Se pronunció junto a miembros de Provincias Unidas por la prórroga, el cambio en el presupuesto del capítulo de discapacidad y señaló que luego es preciso encarar una modernización de la normativa sobre discapacidad que respete la Convención, que escuche al COFEDIS, las provincias y en particular a los colectivos de la discapacidad.
En el marco del plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada nacional María Inés Zigarán (UCR-Provincias Unidas) sentó una firme postura en favor de la extensión de la ley de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027, y la asignación presupuestaria prioritaria para el sector.
Durante su intervención en el plenario de comisiones llevado a cabo este miércoles, la legisladora jujeña advirtió sobre la crítica coyuntura que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras de servicios en las distintas provincias. Zigarán remarcó la imperiosa necesidad de prorrogar la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad para garantizar la continuidad de prestaciones básicas, la cobertura en salud, el transporte adaptado y la actualización de los aranceles del sistema prestacional, así como las pensiones.
«La emergencia en discapacidad no es una abstracción ni una discusión técnica de partidas: es la respuesta inmediata a miles de familias que no pueden esperar trámites burocráticos ni recortes presupuestarios para acceder a tratamientos, prestaciones médicas, y servicios educativos o de rehabilitación», enfatizó la diputada durante su exposición en la Cámara Baja.
Cambio de postura del gobierno nacional
Por otra parte, durante su intervención, Zigarán observó el cambio de posición del oficialismo, que presentó un proyecto para reemplazar el régimen de emergencia por un esquema de carácter permanente, sin haberlos sometido al debate en las comisiones. La legisladora jujeña señaló que resulta llamativo el giro de posición de la LLA, después de un sistemático maltrato institucional y discursivo hacia la comunidad con discapacidad.
“Celebro que el oficialismo y el Gobierno Nacional hayan cambiado su posición. Pasaron de desconocer, invisibilizar y agraviar a las personas de discapacidad, de rechazar la emergencia, vetarla, incumplirla, llevarla a la justicia y mandar un presupuesto que destruye el sistema de prestaciones, a dictaminar por una ley de fortalecimiento de la política de discapacidad. Es realmente un cambio radical, lo celebro y espero que sea verdadero y no un oportunismo vinculado a la próxima visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione, durante su estadía en el país” dijo.
Lamentó la diputada que, si la intención era discutir una política de fortalecimiento, no se hayan generado las instancias para introducir otras mejoras a la ley, como las referidas a las cuestiones de género y tantas otras derivadas de la responsabilidad de la Argentina al darle rango constitucional a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El dictamen del oficialismo es un nuevo proyecto de ley, según advirtió la legisladora que es secretaria de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Además de integrar otras comisiones vinculadas con derechos humanos, personas mayores, género y ambiente. Porque, según precisó, el expediente emplazado por la Cámara fue el de la prórroga de la emergencia en Discapacidad y no otro, por eso consideró que se estaría vulnerando el reglamento.
Defender derechos también es garantizar previsibilidad
Para Zigarán, finalmente, la discusión no puede reducirse a una cuestión de denominaciones -emergencia o ley permanente- sino que debe centrarse en qué derechos se garantizan, cómo se financian y de qué manera se asegura su cumplimiento efectivo. Señalando la necesidad de que el Parlamento dé previsibilidad al sistema de prestaciones, las pensiones y al financiamiento para el sector.
Por otra parte, hizo hincapié en la mirada federal que debe contemplar el debate sobre discapacidad e hizo un llamado a sostener el diálogo transversal entre todos los bloques para que la prórroga de la emergencia se consolide en el recinto antes del vencimiento del régimen actual, tal como fue requerido por los colectivos de Discapacidad y el COFEDIS oportunamente.
Reafirmó así su posición a favor de la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, tal como había sido establecido en el emplazamiento aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados.
El debate de este miércoles terminó con dos dictámenes: el oficialismo consiguió 42 firmas para su propuesta, mientras que la oposición reunió 36 firmas para el dictamen que propone prorrogar la emergencia hasta diciembre de 2027.