El sistema nacional de información educativa cumple 10 años: ¿Dónde estamos?

21 / diciembre / 2022 Educación

Aunque se creó en 2012, el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) aún no cuenta con un sistema de información educativa nominal con cobertura nacional. Se trata de una herramienta clave para la gestión educativa y para el trabajo pedagógico, que facilitaría el acompañamiento de las trayectorias y la prevención del abandono escolar.

Falta de coordinación, cambios de rumbo en la política nacional de información educativa y resistencias en las jurisdicciones son algunos de los factores que identifican los entrevistados que explican por qué Argentina aún no ha podido consolidar el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), cuya creación se definió hace 10 años, por medio de la Resolución n° 1.041 de 2012.

La conclusión surge del informe “A 10 años de la creación del SInIDE: ¿dónde estamos hoy?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Samanta Bonelli. El documento se basa en entrevistas en profundidad a referentes técnicos a nivel nacional y jurisdiccional, y en un relevamiento enfocado en las características de los sistemas jurisdiccionales de información educativa.

Los sistemas de información nominal permiten identificar cada unidad del sistema educativo (estudiantes, docentes, escuelas) y gestionar toda la información asociada a ella a partir de un registro único. Son una herramienta fundamental en la toma de decisiones basadas en evidencia para poder hacer un seguimiento de las trayectorias educativas desde los distintos niveles de gestión. Su finalidad es fortalecer la gobernabilidad del sistema educativo y promover la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno educativo.

En noviembre, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, presentaron el SInIDE Gestión Escolar, una aplicación web para la gestión administrativa y académica de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de todo el país. En este marco, el informe menciona que esta herramienta coexiste con otras, como el SInIDE Aplicativo (un sistema web anterior, centralizado, desarrollado en el Ministerio de Educación nacional para el seguimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes en las jurisdicciones) y la Base Nacional Homologada (una plataforma web que recibe transferencias de datos desde el SInIDE y los sistemas nominales jurisdiccionales y permite validarlos e integrarlos), además de los sistemas jurisdiccionales de información educativa nominal.

Según los últimos datos disponibles, el SInIDE Aplicativo cuenta con un 29% de la matrícula de educación obligatoria nominalizada, mientras que la BNH cuenta con el registro nominal del 74% de la matrícula de todo el país. Con respecto al SInIDE Gestión Escolar, 5 provincias (Tierra del Fuego, Misiones, La Rioja, Catamarca y Salta) están cargando información en dicho sistema, mientras que otras 14 están en proceso de integrarse, con distintos niveles de cobertura y a distintas velocidades.

“A pesar de los múltiples esfuerzos a lo largo de estos 10 años y del impulso durante esta gestión, Argentina aún no tiene un sistema de información educativa nominal con cobertura nacional. Hace falta voluntad política, afianzar consensos y acuerdos, redoblar esfuerzos de coordinación entre nación y provincias y garantizar el financiamiento necesario para poder contar con esta herramienta de gestión clave para planificación y la evaluación de la política educativa, así como para el acompañamiento de las trayectorias escolares”, afirma Samanta Bonelli, autora del informe.

De acuerdo con las entrevistas a referentes técnicos de Nación y de las jurisdicciones, las principales dificultades para avanzar en la consolidación del SInIDE fueron políticas: sucesivos cambios de rumbo en la política nacional de información educativa, resistencias en las jurisdicciones, falta de voluntad política a nivel nacional y jurisdiccional, y falta de claridad respecto a los objetivos del SInIDE fueron algunos de los factores mencionados.

Nancy Montes, docente e investigadora de Flacso, Especialista de OEI y consultora del IIPE Unesco, considera que “el informe constituye un muy necesario y útil mapeo para conocer avances y desarrollos de los Sistemas de Información y Gestión Educativa en nuestro país. La indagación realizada con responsables y referentes en estos temas aporta además muchas claves para comprender los factores políticos, culturales, técnicos y estructurales que explican algunas de las dificultades para poder avanzar en una estrategia sostenida. En 10 años, a nivel nacional, se sucedieron 5 ministros y 5 equipos a cargo de las áreas específicas de información, situación que colaboró poco para la continuidad de las decisiones acordadas de manera general en el ámbito del Consejo Federal de Educación y para responder la pregunta que el informe trae acerca de quién gobierna la información en educación”.

“La existencia de sistemas de información robustos es fundamental para la toma de decisiones que mejoren los resultados educativos. Como muestra el reporte, la implementación del SInIDE ha sido lenta y la nominalización de estudiantes es un desafío pendiente. Si bien existen desafíos técnicos, el principal problema es que los incentivos no están alineados para que todas las provincias contribuyan a la creación de un sistema nacional. Por ello, es importante crear mecanismos que incentiven la coordinación federal y retribuyan a las provincias que colaboren con recursos o capacidades institucionales. En paralelo, es fundamental garantizar la integridad de los datos y establecer con claridad para que se usarán”, explica Martín De Simone, especialista en educación del Banco Mundial.

“El presente informe es menos evaluativo y más analítico que el anterior, Sistemas nominales de información educativa (2021), y colabora a un debate necesario sobre la naturaleza de los sistemas de información y, en particular, de los sistemas de información digital educativa, cuyo desarrollo se ha extendido en los últimos años y que la pandemia ha catalizado. Son especialmente destacables las reflexiones en torno a la naturaleza del federalismo educativo argentino, el problema del gobierno de la información y el señalamiento sobre la necesidad de actualizar la normativa que regula la protección de datos personales. Dos dimensiones muy diferentes del problema que marcan el amplio rango de las cuestiones a tener en cuenta”, menciona Daniel Pinkasz, investigador y docente de FLACSO.

“A 10 años de la creación del SInIDE, aun con acuerdos federales, parecen más los intentos que los aciertos. Los avances están, pero la desarticulación también y las limitaciones técnicas y especialmente políticas ponen en jaque la posibilidad de lograr un sistema nominal nacional acordado, de indicadores básicos y troncales que alimenten las decisiones de política nacional y jurisdiccionales. Sin ese sistema, no es posible detectar los diversos recorridos que realizan los estudiantes en su paso por la escuela, los cambios de escuela, de provincia, el tiempo que toma egresar de la secundaria, vincular los datos educativos con otros sistemas de información nacionales, entre otros”, plantea María Cortelezzi, consultora de evaluación de políticas educativas.

De las 24 jurisdicciones convocadas a participar del relevamiento, fueron 14 las que respondieron: Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis y Tucumán. 13 de las 14 jurisdicciones que respondieron el relevamiento implementan sistemas propios de información nominal, de los cuales solo uno no se encuentra integrado al sistema nacional. De las 14 jurisdicciones que respondieron, solo una (Jujuy) utiliza actualmente el SInIDE Aplicativo. Según las respuestas, en promedio, se registra un alto nivel de cobertura de estos sistemas en los niveles obligatorios: 97% en inicial, 94% en primaria y 93% en secundaria. El 100% de las jurisdicciones relevadas cuenta con información nominal sobre estudiantes, un 93% releva o integra datos sobre trayectorias educativas, el 85% información sobre docentes, un 38% sobre salarios y presupuesto, y un 61% sobre infraestructura escolar.