El Partido Justicialista de Jujuy atraviesa, silenciosamente, una de las crisis institucionales más profundas de su historia.
No se trata de una discusión electoral, de internas o de liderazgos circunstanciales. Se trata, ni más ni menos, de su existencia jurídica.
El 28 de agosto de 2025, el Juzgado Federal con competencia electoral en Jujuy dictó una resolución contundente: Se suspenden los aportes públicos al PJ Jujuy y se lo multa por incumplir con la presentación de los estados contables del año 2024, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para subsanar la omisión. La resolución se basa en los artículos 23 y 66 bis de la Ley 26.215 sobre Financiamiento de los Partidos Políticos, que imponen obligaciones estrictas respecto de la presentación y certificación de los balances partidarios. Ese plazo ya se encuentra vencido.
Y esto no ocurre en un contexto normal: El PJ Jujuy está intervenido desde 2023 y desde entonces se acumulan informes contables demorados, falta de órganos partidarios en funcionamiento y una postergación crónica de su proceso de normalización. El problema dejó de ser una desprolijidad administrativa para transformarse en un estatuto de abandono institucional.
La Justicia electoral no es un actor político, pero sí es el encargado de garantizar que los partidos cumplan la ley. Cuando un partido no acredita el origen y destino de los fondos públicos, no convoca internas y no restituye la normalidad institucional, el Poder Judicial tiene dos facultades máximas:
- Intervenir el partido con autoridad plena, removiendo la conducción vigente
- Cancelar su personería jurídico-política
Esta última sanción —la disolución del partido— no es una amenaza retórica. Está prevista en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) para supuestos en que el partido deja de cumplir las funciones que le exige la Constitución: vida democrática interna, control de fondos y participación activa en el sistema representativo.
Hoy, el PJ Jujuy está en la antesala legal de esos escenarios.
Mientras tanto, desde Buenos Aires se decidió prorrogar intervenciones, designar delegados y sostener estructuras que, en los hechos, no han mostrado capacidad de gestión, ni para rendir cuentas, ni para organizar internas, ni para representar a la enorme base militante y afiliada en territorio jujeño.
Los responsables de la conducción nacional, los interventores y también los referentes locales que se han beneficiado del letargo partidario deberán asumir el costo político y jurídico de esta decadencia institucional.
La situación es simple y a la vez alarmante:
Si no se cumple con la ley en tiempo inmediato, el Partido Justicialista podría dejar de existir en Jujuy.
La pérdida de personería implicaría que el peronismo local no podría presentar candidatos bajo su histórica identidad partidaria en las próximas elecciones. La provincia que vio nacer poderosos movimientos de raigambre justicialista podría ser la primera en el país en quedar sin PJ como herramienta electoral.
El peronismo jujeño no enfrenta una interna. Enfrenta un veredicto institucional: Si quiere sobrevivir, debe volver a existir como partido.
De lo contrario, la Justicia será quien cierre el acta de defunción.
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