La actividad estuvo a cargo del titular de la Fiscalía especializada en Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Carlos Baiud, y del secretario de la Fiscalía, Luis Eduardo Rojas.
En el marco del proceso de implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Ministerio Público de la Acusación brindó una capacitación destinada al personal policial de la Unidad Regional Nº 2, en el CIC de Nueva Ciudad de San Pedro de Jujuy, con el objetivo de abordar las pautas y procedimientos que deben observarse ante intervenciones que involucren a personas menores de edad.
Durante la jornada se abordaron los principales cambios introducidos por el nuevo régimen respecto del sistema anterior y las pautas de actuación policial frente a distintas situaciones que involucren a adolescentes, especialmente a partir de la modificación de la edad de imputabilidad.
En este marco, se analizaron los procedimientos correspondientes ante casos de flagrancia y la necesidad de garantizar que los menores no sean alojados ni mantengan contacto con personas adultas vinculadas a hechos delictivos.
Asimismo, se destacó que el nuevo régimen contempla un abordaje orientado a la resocialización y reeducación de los adolescentes, priorizando la intervención de las redes familiares y de los organismos competentes, como la Oficina de Protección de Derechos (OPD), según las particularidades de cada caso. Estos procedimientos deben desarrollarse bajo la coordinación y las directivas de los funcionarios del Ministerio Público que intervengan en cada situación.
El encuentro permitió además un intercambio con el personal policial sobre las prácticas que se venían implementando y las adecuaciones necesarias a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, procurando establecer criterios de actuación claros y una adecuada articulación entre la fuerza de seguridad, el Ministerio Público y los organismos que intervienen en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Desde el Ministerio Público de la Acusación se destacó la importancia de generar estos espacios de capacitación y articulación institucional como parte del proceso de implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, fortaleciendo las herramientas de los distintos actores que intervienen en territorio y promoviendo una respuesta coordinada, especializada y acorde al marco legal vigente.