La crisis de la televisación de la Primera Nacional dejó al desnudo un modelo de conducción concentrado, opaco y sin controles, que gobierna la Asociación del Fútbol Argentino sin planificación ni transparencia.
La gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino vuelve a exhibir una estructura de poder que posterga al ascenso, vulnera la previsibilidad de los clubes y convierte al fútbol federal en rehén de decisiones políticas y económicas tomadas a espaldas de sus protagonistas.
Se acabó la novela de la televisación del fútbol de ascenso, pero su desenlace fue tan previsible como bochornoso. Lejos de aportar claridad, el conflicto confirmó lo que ya advertimos días atrás; la crisis no es un error administrativo ni una desprolijidad circunstancial, sino la consecuencia directa de un modelo de conducción concentrado, opaco y sin contrapesos.
La Asociación del Fútbol Argentino atraviesa una de las etapas más desordenadas y políticamente cerradas de su historia reciente. En lugar de consolidar un esquema de gestión transparente, previsible y federal, la actual conducción ha convertido al fútbol del ascenso, y particularmente a la Primera Nacional, en un escenario permanente de improvisación, decisiones tardías y ausencia de rendición de cuentas.
El reciente episodio en torno al inicio del torneo vuelve a exponer una estructura dirigencial incapaz de garantizar condiciones mínimas de organización. Un campeonato que debía comenzar el 7 de febrero fue reprogramado para el 14 y luego puesto nuevamente en duda hasta el 21 por la falta de confirmación definitiva sobre la televisación. Tres fechas distintas para un mismo torneo. Tres señales inequívocas de improvisación. Cuando un campeonato no sabe cuándo empieza, el problema no es técnico; es político.
La incertidumbre impacta directamente en los presupuestos, en la planificación deportiva, en los contratos de los jugadores y en la logística de clubes que ya operan en condiciones económicas frágiles. La previsibilidad es un principio básico de cualquier institución seria. La AFA, bajo la actual conducción, ha demostrado carecer de ella.
Cada temporada del ascenso se transforma en una sucesión de cambios de formato, reglamentos modificados sobre la marcha y decisiones comunicadas a último momento. Esta práctica no responde a errores aislados, sino a un modelo de conducción centralizado y verticalista, donde las decisiones se toman en un núcleo reducido y se comunican tarde, mal y sin explicaciones. Tapia y Toviggino concentran un poder que no admite críticas internas ni transparencia externa. El ascenso dejó de ser una política deportiva para convertirse en una ficha más dentro de una negociación económica sin reglas claras.
Las cifras exigidas por los derechos televisivos —primero 72 millones de dólares y luego 24— evidenciaron una desconexión absoluta con la realidad económica del país y con la fragilidad financiera de los clubes. La oferta real del mercado fue muy inferior. El resultado fue un torneo paralizado, semanas perdidas y una estructura deportiva sometida a la soberbia dirigencial.
No se trata solo de dinero. Se trata de previsibilidad. Los clubes no pueden cerrar presupuestos, los jugadores no saben en qué condiciones competirán y los hinchas no pueden organizar viajes, gastos, ni tiempos de trabajo. El fútbol de ascenso, que sostiene buena parte del entramado social y federal del deporte argentino, quedó rehén de una dirigencia que juega al póker con los calendarios.
La solución anunciada no resuelve el problema: lo profundiza. Algunos partidos continuarán en TyC Sports y el resto serán transmitidos por la plataforma AFA Play. Este esquema fragmentado genera desigualdad entre clubes, restringe el acceso del público y consolida un sistema cerrado donde la propia AFA administra contenidos sin controles públicos ni auditorías transparentes.
A ello se suma un dato de extrema gravedad institucional; la plataforma AFA Play se encuentra bajo observación judicial por inconsistencias financieras que deberán ser esclarecidas ante la Justicia argentina y organismos internacionales, por un monto que supera los 266 millones de pesos. En un contexto de crisis económica para los clubes del ascenso, este nivel de opacidad resulta inaceptable.
Cuando una institución que administra el deporte más popular del país no puede garantizar transparencia económica ni contratos comunicados con antelación, el problema deja de ser deportivo y pasa a ser político e institucional. La AFA no es una empresa privada; es una asociación civil que debe rendir cuentas a sus afiliados y a la sociedad.
El tándem Tapia–Toviggino ha consolidado un poder político sin contrapesos reales. La estructura dirigencial funciona hoy más como un aparato de control que como un organismo democrático. No existe una política comunicacional abierta ni un ejercicio visible de autocrítica. Se gobierna por acumulación de cargos y disciplinamiento interno, no por resultados institucionales.
Los principales perjudicados son los clubes del interior, instituciones que sostienen el fútbol profesional con enormes esfuerzos económicos. También lo pagan los hinchas, que organizan viajes, permisos laborales y gastos para acompañar a sus equipos y se encuentran con calendarios inciertos, horarios cambiantes y transmisiones sin garantías. El ascenso vuelve a ser tratado como una categoría secundaria dentro de un sistema que se proclama federal pero actúa de manera centralista.
Mientras tanto, son los medios partidarios y los proyectos locales los que sostienen la visibilidad del ascenso. Streamings autogestionados, radios comunitarias y coberturas independientes mantienen vivo el vínculo entre clubes e hinchas. Allí donde la AFA se ausenta, aparece la organización social del fútbol. Es un dato político la base sostiene lo que la cúpula descuida.
Esta situación no es nueva. Se repite temporada tras temporada. Cambian los discursos, pero no el método; centralismo, opacidad y falta de planificación. El ascenso no es tratado como parte esencial del fútbol argentino, sino como una variable secundaria dentro de un negocio concentrado.
La crisis actual no es solo de televisación. Es una crisis de legitimidad. Cuando una conducción no puede garantizar fechas, contratos ni reglas claras, pierde autoridad moral para conducir un sistema tan complejo como el fútbol argentino.
El ascenso necesita otra lógica como reglas estables, contratos transparentes, participación real de los clubes, comunicación clara y respeto por su dimensión federal. Nada de eso existe hoy bajo la dupla Tapia–Toviggino.
El fútbol argentino no puede naturalizar que su segunda categoría comience sin certezas. No puede aceptar que miles de hinchas dependan de decisiones improvisadas. No puede tolerar que el poder se ejerza sin rendición de cuentas.
La pregunta final ya no es cuándo se resolverá esta crisis. La verdadera pregunta es hasta cuándo el fútbol de ascenso seguirá sometido a un modelo de poder que prioriza el control antes que la organización, el negocio antes que el deporte y la política interna antes que a los clubes.
Porque mientras Tapia y Toviggino administran la AFA como un territorio propio, el ascenso paga el precio de una conducción sin proyecto, sin transparencia y sin horizonte.
Como advertía una canción que marcó a generaciones de jóvenes futboleros en los años noventa, popularizada por Bersuit Vergarabat: “Tienen el poder… pero si se descuidan, lo van a perder”. La historia del fútbol argentino demuestra que ningún poder es eterno cuando se divorcia de la gente, de los clubes y de la legitimidad.
Por Nicolás Casas