El nuevo órgano provincial asume con autarquía financiera, ternas abiertas al escrutinio vecinal y la facultad de sancionar a magistrados. Qué cambia a partir de hoy para el ciudadano de a pie y cómo se consolidó el esquema de selección por concurso.
En el Salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial, 34 integrantes del flamante Consejo de la Magistratura provincial prestaron juramento, poniendo formalmente en marcha uno de los pilares institucionales más profundos que dejó la reforma de la Constitución jujeña impulsada por Gerardo Morales en 2023.
El acto formalizó la transición de un sistema evaluador administrativo hacia un órgano permanente, con autonomía funcional y autarquía presupuestaria garantizada por la Carta Magna, que estará presidido por el Doctor Mariano Miranda.
¿Para qué le sirve el Consejo al ciudadano común?
Detrás del lenguaje técnico, la puesta en marcha de este organismo impacta de lleno en la vida cotidiana de cualquier jujeño que deba recurrir a la Justicia:
Fin de los nombramientos por amistad o militancia: Ningún juez, fiscal o defensor podrá ser designado de forma discrecional por el poder político de turno. El cargo se gana rindiendo exámenes públicos de antecedentes y oposición.
Veto y control ciudadano en mano de los vecinos: Cuando se elija la terna final de postulantes a un juzgado, sus nombres serán públicos. Cualquier ciudadano u organización social tendrá un plazo legal de 10 días hábiles para presentar impugnaciones fundadas si considera que un aspirante no tiene idoneidad moral o técnica.
Sanciones reales a malos jueces: Hasta ahora, el régimen disciplinario dependía de la propia Suprema Corte. Desde hoy, es este cuerpo plural el que investigará denuncias contra magistrados y, de corresponder, formulará la acusación para su remoción ante el Jury de Enjuiciamiento.
Una matriz que nació en 2015
Recordaron además que la entrada en vigencia del Consejo no es un hecho aislado. Es el cierre de un ciclo de ordenamiento judicial que Gerardo Morales diseñó apenas asumió la gobernación en diciembre de 2015.
Indicando que el ex gobernador desarticuló el viejo esquema en el que el Ejecutivo enviaba pliegos a dedo a la Legislatura y creó por ley el Tribunal Evaluador. Esa decisión modificó la matriz del Poder Judicial jujeño, ya que hoy más del 70% de los magistrados y fiscales en funciones accedieron a su sillón tras competir en concursos abiertos.
Lo que la reforma constitucional de 2023 hizo -bajo la premisa que defendió el ex mandatario durante la Convención Constituyente- fue blindar ese mecanismo. Lo elevó a rango constitucional para que ningún gobierno futuro pueda dar marcha atrás por decreto o mayoría simple.
Finalmente agregaron que con un cuadro de vacantes casi cubierto gracias a la dinámica previa, los primeros pasos operativos del nuevo Consejo estarán enfocados en el orden disciplinario: recibirán todas las causas y denuncias contra magistrados que antes acumulaba la Corte y redactarán el reglamento interno que fijará las pautas del control judicial en la provincia.