Se trata un hecho que no es aislado en la provincia.
El asesinato de Juan Segovia, de 14 años, en Alto Comedero-Tupac Amaru, presuntamente a manos de otros adolescentes de su misma edad, no puede interpretarse como un episodio aislado. Es el reflejo más crudo de la pobreza estructural, el deterioro del entramado social y el abandono institucional que atraviesa gran parte de la sociedad jujeña.
Hace pocos días, en otro sector del mismo barrio —considerado por algunos “más consolidado” porque cuenta con servicios básicos, comisaría, escuelas y puesto de salud— un trabajador municipal fue atacado y asaltado por un grupo de jóvenes mientras esperaba el primer colectivo de la mañana. La presencia de instituciones no alcanzó para frenar la violencia.
A ello se suma la proliferación de kioscos y dispensarios de droga que operan las 24 horas. El caso más evidente se observa en torno al colegio secundario N° 34, donde en apenas 500 metros se concentran al menos cuatro puntos de venta. Allí, incluso adolescentes se convierten en vendedores que acechan a los estudiantes con pruebas gratuitas para captar nuevos consumidores.
En este contexto, marcado por la violencia juvenil, la expansión del narcotráfico y la ausencia estatal, el asesinato de Juan Segovia no es excepcional: es la expresión más agravada de un cuadro de descomposición social general en todos los barrios de la capital.
Alto Comedero: el barrio más poblado y más complejo
Con cerca de 150.000 habitantes, Alto Comedero es el barrio más grande de San Salvador de Jujuy. Su magnitud lo convierte en una jurisdicción difícil de administrar: desde la gestión de servicios básicos hasta la planificación urbana, pasando por el manejo de recursos y la aplicación de políticas que deberían garantizar bienestar.
Su origen estuvo marcado siempre por la marginalidad. Nacido en los bordes de la ciudad, Alto Comedero se configuró como un espacio de relegación para quienes ya no tenían lugar en las barriadas tradicionales ni acceso al trabajo formal. A pesar de los planes de vivienda implementados a lo largo de los años, el paisaje se fue poblando de asentamientos precarios e improvisados, que hoy conforman una estructura colosal.
En términos políticos, esa estructura fue capitalizada por las organizaciones sociales y, para la política tradicional, importa más por el caudal de votos que puede aportar que por la atención real a las necesidades de sus habitantes.
A esta complejidad se suman los altos índices de pobreza y empleo informal. Según el INDEC, en el primer semestre de 2025 la pobreza en Jujuy-Palpalá alcanzó el 31,2%, todavía elevada aunque con una baja respecto de picos anteriores. La desocupación descendió al 3,5%, pero gran parte del trabajo sigue siendo precario, sin estabilidad ni derechos garantizados.
Quien conoce Alto Comedero sabe que en cada plaza o espacio verde florece una feria, donde cientos de familias intentan sobrevivir a través de la venta ambulante y el comercio informal. Estas ferias son el reflejo más visible de un barrio que se sostiene en la precariedad y en la búsqueda diaria de recursos para subsistir.
La otra alternativa de empleo es el trabajo en el Estado, aunque limitado y muchas veces insuficiente. Para quienes logran insertarse en el mercado laboral privado, la rutina implica trasladarse diariamente hacia otros puntos de la capital, ya que en el propio barrio las oportunidades son escasas o inexistentes.
No es un problema de familia, es una crisis social
Algunos discursos oficiales y mediáticos intentaron reducir el asesinato de Juan Segovia a un “problema familiar”. Esa explicación resulta insuficiente y peligrosa porque desplaza la discusión hacia lo íntimo y desresponsabiliza al Estado.
La violencia que atraviesa a los adolescentes en Alto Comedero no surge en el vacío del hogar, sino en un entramado social marcado por la pobreza, la precariedad laboral y la falta de políticas públicas sostenidas. En un barrio donde proliferan asentamientos precarios y kioscos de droga a metros de las escuelas, hablar de un problema estrictamente familiar es desconocer la dimensión colectiva de la crisis.
La apelación a la “responsabilidad de la familia” invisibiliza que los jóvenes crecen en un contexto de abandono institucional, con servicios insuficientes y una presencia estatal mínima en seguridad, educación y salud. La violencia, en este marco, no puede interpretarse como un fracaso privado: es el síntoma de una problemática social que exige respuestas estructurales.
El discurso de “no debía estar allí” y la responsabilidad policial
Tras el asesinato de Juan Segovia, se repite una frase que busca explicar lo ocurrido: “el adolescente no debía estar en ese lugar de noche”. Este argumento culpabiliza a la víctima y a su familia, mientras oculta las condiciones sociales que hacen posible la violencia.
La pregunta no es por qué Juan estaba allí, sino qué pasa en ese barrio para que un adolescente sea asesinado. En Alto Comedero, la presencia del narcotráfico, la falta de espacios de contención y el abandono institucional configuran un escenario donde la violencia se vuelve cotidiana.
A ello se suma la responsabilidad policial. En el barrio es vox populi que allí donde funcionan los dispensarios de droga, la policía libera la zona y habilita el narcomenudeo. La falta de controles efectivos y la connivencia institucional profundizan la exposición de los jóvenes al delito.
¿Cómo explicar, si no, que a menos de cien metros de una seccional policial opere un kiosco de drogas a plena vista, sin que nadie intervenga? Esa paradoja desnuda el grado de tolerancia —o complicidad— que convierte a la violencia y al narcotráfico en parte del paisaje cotidiano de Alto Comedero.
Nuevamente, responsabilizar a la víctima por su presencia en un lugar determinado es una manera de desviar la atención de las causas estructurales: pobreza, desigualdad, narcotráfico y abandono estatal. El asesinato de Juan Segovia no se explica por un horario, sino por un contexto social en ebullición, donde la policía también tiene un rol que no puede ser soslayado.
Un discurso funcional al ajuste
La apelación a la “responsabilidad de la familia” se instala en un momento en que el Estado nacional reduce drásticamente su presencia en políticas de contención social, y el provincial avanza en el mismo camino. Programas clave como las becas Progresar y Potenciar Trabajo fueron recortados en más de la mitad, mientras que se dieron de baja iniciativas culturales y de acompañamiento para la niñez.
En este escenario, culpar a las familias por la violencia juvenil resulta un discurso funcional: oculta la retirada estatal, desplaza la responsabilidad hacia lo privado y legitima la inacción institucional. La narrativa familiarista convierte una crisis social en un asunto doméstico, invisibilizando la realidad en la que los adolescentes crecen.
Un vez más el asesinato de Juan Segovia y los hechos de violencia que se multiplican en Alto Comedero no pueden entenderse como fracasos familiares: son la expresión más brutal de una problemática social agravada por el desmantelamiento de políticas públicas que deberían garantizar inclusión, prevención y protección.
Más distopía a la distopía
Una de las políticas centrales de contención económica y social en Jujuy para los jóvenes es el BEGU-BEGUP, el sistema de boleto estudiantil gratuito. Pero, ¿qué ocurriría si en un futuro de colapso económico esta política se viera afectada?
En un contexto de crisis económica y precariedad laboral, miles de familias no podrían costear el transporte de sus hijos. El resultado más extremo sería una alta deserción escolar, con adolescentes obligados a abandonar sus estudios por falta de recursos.
¿Sería entonces un problema familiar el abandono de la escuela? ¿O más bien un problema social? Culpar a los padres porque “no trabajan lo suficiente” desconoce la realidad: no hay empleo, y el que existe es mayormente informal y precario. Este tipo de discursos desplaza la responsabilidad hacia lo privado y oculta la obligación del Estado de garantizar derechos básicos como la educación.
La fragilidad de políticas como el BEGU-BEGUP expone que la continuidad escolar no depende de la voluntad individual de las familias, sino de la existencia de políticas públicas sostenidas que aseguren inclusión y equidad.
Juventud en crisis: un futuro en disputa
El caso de Juan Segovia expone con crudeza que la violencia juvenil en Jujuy no es un fenómeno aislado ni un problema familiar. Es el síntoma de una crisis social más amplia, donde la pobreza persistente, la precariedad laboral, el narcotráfico y el abandono institucional —a lo que se suma la precariedad del sistema de salud, reflejada en los altos índices de ITS prevalecientes que abordaremos más adelante— se entrelazan y golpean con mayor fuerza a los adolescentes.
La juventud crece en un escenario de desigualdad estructural, con escasas oportunidades de educación, trabajo y participación comunitaria. Se desarrolla sin perspectivas de futuro y en un clima de creciente individualismo. En lugar de espacios de contención, encuentra ferias de subsistencia, dispensarios de droga y calles donde la policía libera zonas al delito. En este contexto, la adolescencia se convierte en una etapa marcada por la vulnerabilidad y la exposición permanente al riesgo.
Por ello, el desafío es comprender que la crisis de la juventud no puede reducirse a un asunto privado ni a una cuestión de horarios o conductas familiares. Se trata de una responsabilidad colectiva que interpela al Estado, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto. El futuro de Jujuy dependerá de reconocer esta realidad y de construir políticas públicas sostenidas capaces de garantizar inclusión, dignidad y esperanza.
Por Romina Amaya
Periodista