Días pasados se conoció el proyecto presentado por el Gobierno nacional, una nueva reforma o reemplazo a la existente desde 2006 y que titulo “Ley de Libertad Educativa”.
Para comenzar con esto, más que una nueva intención de reforma, parece una propaganda partidaria de La Libertad Avanza y que apunta a realizar parches como se vino haciendo con la educación todos estos últimos años y que se ven actualmente los malos resultados.
Pretende cambios, que pueden ser novedosos pero que no hacen a la esencia de lo que realmente el país necesita de la educación, que es buscar un horizonte donde todas las partes involucradas entiendan hacia donde queremos llegar con el sistema educativo.
Estos nuevos cambios que quiere realizar el Gobierno apuntan a desmembrar más las responsabilidades que les cabe como tal a través del ministerio correspondiente y trasladarlos a las familias y a la sociedad.
Se habla de la implementación de un nuevo paradigma que reemplace al anterior, estableciendo un nuevo conjunto de creencias y métodos. Donde se pone al hogar como un aula más, pagos mediante, a través de un sistemas de voucher y desentenderse en parte de su responsabilidad como Estado.
Se menciona que tiene un espíritu liberal este nuevo proyecto, porque hay puntos que busca involucrar a los tutores con la creación de Consejos de Padres en la gestión de las escuelas públicas, otra forma de desligar responsabilidades y cargárselas, en este caso a la sociedad.
La creación de Consejos Escolares de Padres en cada escuela pública, tendrán funciones de asesoramiento, supervisión y participación en la selección o remoción de directores. La medida apunta a dar más control a las familias sobre el funcionamiento institucional y los recursos, de esta forma se borra la carrera docente y el sistema de puntajes.
¿Quién fue el responsable de todos estos cambios?
El principal responsable de todos estos cambios en Argentina, fue la legendaria y siempre cuestionada “educación enciclopedista”, donde se entendía como un modelo educativo centrado en la transmisión de una gran cantidad de conocimientos teóricos, organizados por materias, con el objetivo de que el alumno “supiera de todo un poco”.
Los adversarios o detractores fundamentaban que se priorizaba memorizar datos, fechas, conceptos y definiciones, donde el docente ocupaba un rol central, explicaba y el alumno escuchaba, los exámenes eran escritos y orales basados en repetir contenidos, que había escasa vinculación con la vida cotidiana o el trabajo y contenían muchas asignaturas, con programas extensos.
Este modelo predominó especialmente a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, era la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria (1884) que buscaba formar ciudadanos alfabetizados, con conocimientos generales y una identidad nacional común.
Entre las críticas por la que también fue cuestionada era que favorecía la repetición mecánica, que tampoco desarrollaba el pensamiento crítico ni habilidades prácticas, que dejaba de lado la realidad social del estudiante y que sirvió para dar paso a corrientes pedagógicas como la escuela nueva y la educación técnica y social.
Luego con el golpe de la dictadura militar de 1976, se intentó realizar algunos cambios y solo lograron la suplantación de algunos libros a los estudiantes del país, donde se sacaron todos los textos como los de Educación Cívica, Formación Cívica y otros tantos, apareciendo nuevos donde se dejaba de lado el tema de la democracia, uno de estos fue –ERSA- (Estudio de la Realidad Social Argentina).
A la vuelta de la democracia en 1983, el presidente Ricardo Alfonsín intentó cambio al sistema educativo argentino, convocando al Congreso Pedagógico Nacional (1984-1988), buscaba refundar la escuela pública argentina, debatiendo ampliamente sobre el sistema educativo con participación ciudadana, buscando universalidad, gratuidad y una educación para la democracia, pero chocó con disensos ideológicos, gremiales (sindicalismo docente) y de la iglesia, sin lograr una ley general y quedando trunco, aunque sentó bases para la participación democrática en educación.
En síntesis y contrario a lo que después vino ocurriendo y ocurre en estos días, se quiere intentar otro cambio sin la participación de los verdaderos actores educativos.
¿Que se logro en todo este tiempo?
Hubo el traspaso de la educación a las provincias donde no fue acompañado por un financiamiento adecuado lo que debilitó la igualdad educativa.
Posteriormente en 1993 fue la institucionalización de la Ley Federal de Educación (Ley 24.195, 1993), que reorganizó niveles y promovió mayor descentralización y nuevos marcos curriculares.
En el 2006 la Ley de Educación Nacional 26.206 que reemplazó a la Ley Federal ponía foco en el derecho a la educación, la inclusión y la equidad.
Entre el 2020 y 2025, prosiguen los debates sobre cambios curriculares, evaluación y financiamiento, pero sin tener en cuenta hacia donde queremos ir los argentinos con nuestra educación.
Y los resultados siguen siendo lo mismo, una educación baja en el país, donde las reformas y políticas públicas ampliaron el acceso formal a más niveles (especialmente secundaria y terciaria), pero el acceso por sí solo no resolvió desigualdades internas ni la calidad del aprendizaje.
Y esto no es una percepción, es la realidad porque los resultados PISA y comparaciones internacionales, muestra que la Argentina mantiene resultados bajos/medios en pruebas internacionales. En PISA 2022 los promedios argentinos estuvieron por debajo del promedio OCDE: Matemática ≈ 378, Lectura ≈ 401, Ciencias ≈ 406; posiciones entre los países evaluados permanecen en la parte baja-media. Reflejando que, pese a mayor cobertura, los aprendizajes no han mejorado al ritmo esperado.
Las reformas legales y los cambios curriculares no se tradujeron en saltos equivalentes en aprendizaje a escala nacional; todavía hay brechas importantes entre provincias y contextos socioeconómicos.
Donde los logros educativos varían mucho según provincia, nivel socioeconómico y escuela (urbano/rural). Las leyes nacionales buscaron homologar estándares, pero la descentralización, es decir la transferencia de responsabilidades a provincias produjo heterogeneidad en implementación y en resultados, donde todos forman parte de un solo grupo, pero son diferentes entre sí, se notan las desigualdades territoriales y socioeconómicas; la implementación irregular de políticas por la descentralización y la inestabilidad del financiamiento.
Un nuevo proyecto más que no resuelve el problema educativo
Para comenzar hay que mencionar el ninguneo del Gobierno nacional al resto del país, porque no es lo mismo la educación que se implementan en zonas urbanas, regiones súper pobladas o en la educación rural como para dar ejemplos.
Hay especialistas que sostienen que el proyecto deja al Estado en un rol secundario, transfiriendo la responsabilidad de la educación a las familias y a actores privados, lo que podría fragmentar el sistema educativo y aumentar las desigualdades, sacándose la responsabilidad constitucional que se le da al gobierno.
Otros señalan que busca reducir recursos a las escuelas públicas y universidades, como sucede con la salud, permitiendo a instituciones privadas accedan al mismo financiamiento público que las estatales, lo que podría desviar fondos de la educación pública y perjudicar a los sectores más vulnerables.
En cuanto al reclamo de sindicatos docentes señalan que al incluirla como “servicio esencial” tiene un fuerte impacto sobre derechos laborales y gremiales porque limitaría el derecho a huelga y debilitar la negociación colectiva de docentes y que simplemente es un ataque a los derechos laborales docentes.
Otros críticos sostienen que el proyecto convierte a la educación en un servicio comercial, más que en un derecho social y que no va a lograr mejores resultados y si generan mayor desigualdad.
Finalmente queda señalar que una ley educativa de nuestro país debe buscar mucho más que regular escuelas, es definir qué sociedad queremos construir.
En otras palabras, que la educación sea un derecho social, universal, gratuito y de calidad, desde la primera infancia hasta los niveles superiores, sin discriminación por origen social, económico o geográfico.
Por lo que debe reducir las desigualdades históricas para que haya un acceso real a la escuela, la permanencia y egreso. Políticas de inclusión para sectores vulnerables, zonas rurales, pueblos originarios y personas con discapacidad.
Buscar no solo contenidos, sino formación integral, con un pensamiento crítico, valores democráticos, ciudadanía, derechos humanos, cultura del trabajo y convivencia social.
Una ley educativa debe preparar a las personas para el mundo del trabajo, la producción y la ciencia, que logre el desarrollo regional y nacional. Fundamentalmente no copiar modelos externos, sino responder a la realidad del país.
Con docentes valorizados y formados, que tengan una formación continua, con condiciones laborales dignas y reconocimiento del rol central del docente en el proceso educativo.
Donde el Estado debe ser garante del sistema educativo, es decir planificar, financiar, evaluar y acompañar, sin desentenderse ni delegar completamente su responsabilidad. Respetar las realidades provinciales, pero con criterios comunes que aseguren igualdad de derechos en todo el territorio nacional.
Porque una ley educativa no debería cambiar con cada gobierno, sino ser una política de Estado, construida con consenso social, participación de la comunidad educativa y con visión de futuro.
